Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología
ISSN 1695-0194
ARTÍCULOS
RECPC 12-02 (2010)
La experiencia anglosajona
!
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MEDINA ARIZA, Juanjo. Políticas de seguridad
ciudadana en el contexto urbano y prevención
comunitaria: la experiencia anglosajona.
(en
línea). 2010, núm. 12 02, p. 02:1 01:36. Disponible
en Internet:
https://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12 02.pdf
ISSN 1695 0194 [RECPC 12 02 (2010), 7 mar]
: Este artículo ofrece una descripción de
varios modelos que han articulado el campo de la
prevención comunitaria del delito, así como su
vinculación al específico contexto histórico, cultural
y económico en el que se desarrollaron en los
Estados Unidos y el Reino Unido. De la misma
forma que hay quienes plantean que hemos asistido
a la transición de una penalidad del bienestar a la
penalidad de la sociedad del control, en materia de
prevención del delito a nivel comunitario se ha
producido también una transformación importante
tanto a nivel ideológico como práctico que no puede
desvincularse de los cambios que se han experimen
tado en el entendimiento de la ciudad como unidad
económica y social.
" Prevención del delito,
policía, comunidad y delincuencia.
Fecha de publicación: 7 marzo 2010
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https://criminet.ugr.es/recpc
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I.
Juanjo Medina
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En su ensayo clásico sobre el urbanismo como una forma de vida publicado en
1938, Louis Wirth sentaba las bases de la sociología urbana contemporánea y el
pensamiento criminológico de la Escuela de Chicago. En este ensayo Wirth plan
teaba la ciudad como lugar en el que relaciones sociales fragmentadas, anónimas y
superficiales originaban sentimientos de inseguridad y situaciones de conflicto
social en los que mecanismos de control social formal adquirían una relevancia más
acentuada. Este reconocimiento de la ciudad y la vida en la misma como planos en
los que la inseguridad se plantea con matices importantes han continuado hasta
nuestros días.
En la actualidad el nexo entre seguridad y la condición urbana se plantea tam
bién en el contexto de los debates en relación con el reconocimiento de los dere
chos humanos de los sectores sociales más desfavorecidos. Así, por ejemplo, UN
Habitat reconoce la delincuencia como un serio problema que afecta a las ciudades
de forma global y que tiene importantes repercusiones para la protección de los
derechos humanos. La delincuencia y la inseguridad ciudadana, se dice, amenazan
la estabilidad y el clima social de las ciudades, el desarrollo económico sostenible,
y la calidad de vida. Desde esta posición se mantiene como la delincuencia además
afecta particularmente a los sectores más desfavorecidos en las ciudades y contri
buye a la estigmatización de barriadas pobres generando así barreras adicionales
para la movilidad social. De ahí que desde 1996, y a petición de alcaldes de locali
dades africanas, este organismo vinculado a Naciones Unidas iniciara el programa
Ciudades Seguras.
Mientras que en el plano jurídico se ha venido a observar un desarrollo de estas
cuestiones de seguridad al hilo del debate sobre derechos humanos, a nivel crimino
lógico, y a lo largo de los últimos 100 años, se ha podido observar el desarrollo de
un conjunto de modelos teóricos que han tratado de valorar el nexo entre la condi
ción de vida urbana y la delincuencia. Existe, así, un núcleo de teorías criminológi
cas que no se interesan tanto por explicar la comisión de actos delictivos por indi
viduos, sino que se centran en tratar de explicar porque determinadas comunidades
o lugares dentro de los espacios urbanos exhiben una mayor tasa de delitos y que
proponen de que forma el desarrollo urbano puede contribuir a la delincuencia.
Para estas teorías el nivel de análisis, así pues, no lo es el individuo, sino las áreas
en las que estos viven. El punto de partida es que los delincuentes no son sujetos
que sufren alguna forma de patología que los hace diferentes del resto de los huma
nos, sino simplemente sujetos que participan en comportamiento delictivo como
respuesta a las condiciones sociales en las que viven en el contexto urbano1.
1
“These studies focused attention on the paradoxical fact that no matter how destructive or morally
shocking, delinquency may often represent the efforts of the person to find and vindicate his status as a
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La escuela de la estadística moral, ya en el siglo XIX, producía mapas del delito
y procuraba correlacionar las condiciones sociales de zonas con los delitos que se
generaban en las mismas. En los años 30 la Escuela de Chicago se convirtió en el
más claro referente de este tipo de modelos al tratar de explicar el desarrollo de
núcleos delictivos en las nuevas urbes americanas experimentando una rápida
expansión industrial, así como fuertes movimientos migratorios, como consecuen
cia de la ‘desorganización social’ que se generaba en estos contextos.
Hoy en día el problema de la delincuencia urbana es diferente y las ciudades de
hoy no son como las ciudades de principios del siglo XX. Algunos problemas son
diferentes, frente a rápida industrialización hoy nos encontramos en los países más
desarrollados con una situación de rápida desindustrialización que ha generado
nuevos modelos urbanos. Y viejos factores, como los movimientos migratorios, han
cambiado en carácter con la expansión de la globalización. Estos modelos ecológi
cos de la delincuencia tratan de entender de qué forma estos cambios urbanos y
condiciones sociales generan la geografía social del delito. Así, por ejemplo:
• Los partidarios de la
1
aluden a
factores tal y como la falta de capital social, la dificultad para definir y
alcanzar objetivos comunitarios comunes y para ejercer formas informales
de control social, sobre todo en el contexto del abandono estatal, la segre
gación espacial de minorías fundadas en prácticas privadas y políticas pú
blicas, y la falta de inversiones privadas en determinadas comunidades.
• Los partidarios de
4
, por otro la
do, pueden destacar de forma más notoria la ausencia de oportunidades legí
timas para el desarrollo de identidades positivas y prosociales para jóvenes
en comunidades marginales.
• Mientras que, por otra parte, las
4
destacan la distri
bución no aleatoria en espacio y tiempo de las oportunidades delictivas, así
como la necesidad de ir más allá de explicaciones ecológicas tradicionales
que asocian lo malo (pobreza) con lo malo (delito), cuando la distribución
del delito (no de la residencia de los delincuentes) a veces responde a otros
factores (p.ej, hurto de tiendas depende de la geografía de las tiendas, la de
los altercados violentos a menudo está ligada a la geografía de bares, etc).
Cada modelo teórico de la delincuencia, de forma explícita o implícita, trae con
sigo un determinado programa político criminal y político preventivo. Desde la
perspectiva de las teorías ecológicas la conexión es evidente. Si pensamos que
factores de tipo comunitario tienen un impacto en la delincuencia, lo que hemos de
hacer es desarrollar intervenciones que actúen sobre estas condiciones de tipo
comunitario. La prevención comunitaria del delito puede definirse en un sentido
human being, rather than an abdication of his humanity or an intrinsic incapacity to experience human
sentiment” (Kobrin, 1959).
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amplio como “aquellas acciones orientadas a cambiar las condiciones sociales que
se cree que conducen al delito en comunidades residenciales” (Hope, 1995). Estas
teorías, por tanto, llevan implícitas en las mismas determinados modelos de políti
cas de seguridad en el ámbito urbano.
De acuerdo con Hope (1995) podemos distinguir entre varios tipos de modelos
de prevención comunitaria a lo largo del siglo XX.
#$ %. Clasificación de los modelos de prevención comunitaria del delito
(adaptada de Hope, 1995)
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Escuela de Chicago
Liderazgo de los vecinos en la coordinación de instituciones, grupos y
agencias locales dentro de un programa unificado para el barrio
Programas recreativos para los niños, campañas para mejorar las condiciones
de los barrios, consejo a los delincuentes
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Expansión de proyectos de vivienda pública en Gran Bretaña
Descentralización de la gestión de los proyectos y consulta de los residentes
sobre todos los aspectos de la gestión de los mismos
Intentos de mejorar la calidad del alojamiento y los servicios recibidos por las
personas viviendo en proyectos de vivienda pública, programas de seguridad
para los edificios, proyectos de limpieza
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El programa de “Guerra a la Pobreza” iniciado por el Presidente Johnson en
los Estados Unidos durante los años 60
Transferencia de recursos a las comunidades y provisión de oportunidades
legitimas para el desarrollo individual
Prestación de servicios sociales, formación laboral y educativa, intentos de
movilizar políticamente a las comunidades para pedir recursos para el
desarrollo
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Olas de la delincuencia de los años 70 en los USA y creciente miedo al delito
Organizar a los vecinos para que vigilen los barrios favoreciendo así la
reducción del delito y el miedo al mismo, así como el fortalecimiento de lazos
de solidaridad entre los vecinos
Vigilancia de los barrios, encuesta de seguridad, operaciones de marcado de
la propiedad, cooperación con la policía
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Problemas de delincuencia en los proyectos de vivienda pública en Nueva
York
Diseñar el entorno urbano de manera que se facilite el desarrollo de la
vigilancia natural de los espacios públicos y que la gente se identifique con
dichos espacios
Mejorar las condiciones de seguridad de los edificios, mejora del alumbrado,
embellecimiento y limpieza, instalación de tecnologías de vigilancia, diseño
arquitectónico
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Teoría de los cristales rotos
Ayudar a los residentes a mantener niveles apropiados de orden público de
acuerdo con los estándares de cada comunidad
Programas de reparación inmediata del vandalismo, policía de proximidad,
fiscales de proximidad, implicación de las organizaciones de comerciantes y
vecinos en la preservación del orden, programas de restauración física de las
comunidades, persecución de las incivilidades, uso de remedios civiles para
atajar problemas criminales, mediación
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Descubrimiento de los pobres y las minorías como víctimas vulnerables y del
concepto de victimización repetida
Centrar los esfuerzos preventivos en las áreas más vulnerables al delito
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Técnicas de prevención situacional del delito, policía orientada a la solución
de problemas, uso de remedios civiles para atajar problemas criminales,
integración de las víctimas en grupos de autoayuda y en redes sociales
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Descubrimiento de las limitaciones de un enfoque puramente punitivo contra
las drogas
Compensar el proceso de deterioro que esta asociado con la adopción de
estilos de vidas desviados de vagabundos, drogadictos, prostitutas, etc., tratar
de favorecer la reintegración de los mismos y ayudar a las comunidades a
convivir con estos colectivos
Programas de servicios sociales para este tipo de colectivos en comunidades
donde se encuentran, así como para sus familiares y las comunidades en las
que se encuentran
La clasificación de Hope sigue un modelo cronológico en el que se distinguen
tres momentos históricos claves, lo que el denomina la ciudad en la fase de expan
sión (desde los años 40 a los 60), la ciudad asustada (los 70 y los 80) y la ciudad
desordenada (desde los 90 a la actualidad). Esta clasificación encuentra un paralelo
importante en la cronología de modelos político criminales que a un nivel más
amplio han propuesto autores como David Garland (2002). Así, el período de la
ciudad en la fase de expansión y el tipo de programas con un énfasis en la promo
ción del bienestar social coincide con el modelo de la penalidad del bienestar, el
modelo dominante de política criminal en el Estado del bienestar. El período de la
ciudad asustada coincide con el momento de crisis que marca la transición entre
este modelo de penalidad o política criminal del bienestar y el paradigma de pena
lidad en la sociedad del control. Mientras que finalmente el período de la ciudad
desordenada coincide claramente con el modelo de la penalidad y política criminal
del control que de acuerdo con Garland surge a raíz de la crisis de los 70 y los 80.
El foco de este ensayo es presentar de forma resumida estos distintos modelos de
política de seguridad en el contexto de sus repercusiones para la protección de
derechos.
II.
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Cuando se hablan de los primeros modelos de prevención comunitaria de la de
lincuencia generalmente se hace referencia a una serie de políticas que se desarro
llaron en Estados Unidos y en el Reino Unido durante los 40 y hasta los 70 y que
estaban fundamentalmente orientados a fortalecer la capacidad organizativa de los
barrios y a poner a disposición de comunidades con problemas una serie de recur
sos sociales que sirvieran para paliar los mismos. Esta es la etapa de la edad dorada
del Estado del Bienestar en ambos países y los programas de prevención comunita
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ria responden a una política social que aspira a mejorar las condiciones de vida de
los sectores sociales más desfavorecidos, incluso si ello implicaba ambiciosas
inversiones sociales.
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Los primeros programas de prevención comunitaria se encontraban fuertemente
influenciados por las teorías de la escuela de Chicago y, posteriormente, por mode
los teóricos basados en la teoría de la anomia y la falta de oportunidades legítimas.
La teoría de la desorganización social propuesta por Shaw y McKay (1942) estaba
basada en observaciones empíricas de la correlación entre determinadas caracterís
ticas de los barrios y la densidad de delincuentes que residían en los mismos. Estos
autores documentaron como los barrios con un mayor nivel de movilidad residen
cial, diversidad de grupos étnicos, pobreza general y deterioro físico presentan un
mayor nivel de delincuencia. En estas condiciones las comunidades residenciales
encuentran problemas para actualizar sus valores comunes. Shaw y McKay pensa
ban que las condiciones socioeconómicas de estos barrios (1) influían negativamen
te en la capacidad de los residentes para desarrollar una vida asociativa capaz de
canalizar a los jóvenes hacia motivaciones convencionales, (2) limitaban la capaci
dad de los residentes para desarrollar de forma efectiva el control social informal de
las actividades de los jóvenes y (3) facilitaban la exposición de los jóvenes a valo
res, modelos y comportamientos desviados2. Esto es lo que Shaw y McKay llama
ban desorganización social. La premisa es que dadas las condiciones sociales en
áreas con altos niveles de delincuencia, el comportamiento delictivo en la mayoría
de los casos era simplemente el producto directo de un proceso de aprendizaje
social. Los jóvenes que crecen en estos barrios, que carecen de los recursos para su
supervisión apropiada y que se encuentran con una serie de modelos desviados en
los mismos, participan en el comportamiento delictivo “como parte de su aspira
ción por un lugar en los únicos grupos sociales que les abren las puertas” (Kobrin,
1959). La delincuencia era conceptualizada como un mecanismo de adaptación por
parte de los hijos de inmigrantes rurales actuando como miembros de pandillas de
adolescentes en sus esfuerzos para encontrar una ruta para la obtención de papeles
sociales significativos y respetados en un contexto comunitario en el que no existe
apoyo por parte de la generación más vieja y existe una diversidad de modelos
criminales y otros comportamientos desviados (Kobrin, 1959).
La prevención de la delincuencia, desde esta perspectiva, implicaba, por tanto, la
generación de las condiciones apropiadas para favorecer la organización social o,
como en términos más actuales se indica, para favorecer el desarrollo del capital
2 Para una valoración crítica de esta teoría se puede consultar cualquiera de los manuales de teoría
criminólogica en castellano: García Pablos de Molina, Cid y Larrauri, 2001; Garrido, Stangeland, Redondo,
2001. Para una exposición un tanto más actualizada de la evolución de estas teorías también se puede
consultar Medina, 2002.
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social. Estos autores no solamente desarrollaron un modelo teórico, sino que tam
bién contribuyeron de forma notable al desarrollo de un modelo de intervención
inspirado en estos principios teóricos: el Proyecto de las Áreas de Chicago (CAP).
Este proyecto, el primer programa sistemático y comprensivo de prevención de la
delincuencia en Estados Unidos (Bursik y Grasmick, 1992), fue iniciado por Clif
ford Shaw en 1932 y todavía sigue en funcionamiento3.
El Proyecto de las Áreas de Chicago estaba basado en una visión optimista de la
naturaleza humana que concebía como posible la prevención de la delincuencia y la
rehabilitación de los delincuentes. Si los hombres delinquen como respuesta a las
condiciones sociales en las que viven, la alteración de estas condiciones puede
servir para frenar la delincuencia.
El eje del Proyecto de las Áreas de Chicago era la idea de que la participación
activa de los residentes locales es un prerrequisito esencial de cualquier programa
de intervención. Si los objetivos de la comunidad local son diferentes de los objeti
vos de los programas de prevención no se puede esperar que estas intervenciones
vayan a tener éxito. De esta forma se consideraba como indispensable que los
residentes de los barrios pobres de Chicago se tomaran la prevención de la delin
cuencia en serio. El segundo postulado ligado al Proyecto era la idea de que la
gente solamente apoya y participa en aquellas iniciativas en las que tienen un papel
significativo. Para estos autores solamente aquellas intervenciones de bienestar
social o de prevención de la delincuencia que toman en serio la participación activa
de la comunidad pueden tener éxito en la consecución de sus objetivos (Kobrin,
1959)4.
La implementación del proyecto era un proceso gradual. En una primera etapa,
se procedía a la identificación de las instituciones locales más poderosas y a los
residentes más influyentes que estaban más familiarizados con la estructura y la
historia del barrio. El siguiente paso era convencer a estos actores locales de que
tanto ellos como otros residentes locales tenían un interés en el bienestar de los
jóvenes locales. El tercer paso era identificar y reclutar uno de estos influyentes
residentes locales como el representante asalariado del Proyecto de Áreas de Chi
cago en el barrio, como un “trabajador” nativo que intentaría organizar un grupo
amplio de influyentes residentes locales con el objetivo de mejorar el bienestar de
los jóvenes locales y la prevención de la delincuencia (Kobrin, 1959; Bursick y
Grasmick, 1992). Aunque hoy en día muchos programas de bienestar social em
plean residentes locales como trabajadores nativos dado su conocimiento de las
3 Ver www.chicagoareaproject.org.
4 “The answer lies in tapping the natural leadership and concern for community found within each
neighborhood. While some delinquency prevention programs try to impose outside policies upon local
residents, the Chicago Area Project’s philosophy is to encourage the people who lice in the neighborhood to
seek their own solutions. This is done by forming a community committee as the primary force for change.
The committee consists of local citizens who encourage participation and effective representation in deci
sions affecting their neighborhood.” (Tomado de la página web del Chicago Area Project: 13 01 2004).
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áreas, en los inicios de este proyecto este era un desarrollo polémico e innovador
que genero mucha controversia, así como la resistencia de los profesionales del
trabajo social (Bursick y Grasmick, 1993). Una vez los trabajadores nativos habían
organizado un grupo local de residentes el Proyecto de Áreas de Chicago les facili
taba una estructura formal, autonomía y respaldo económico.
Los contenidos del Proyecto eran diversos, algo consustancial al grado de auto
nomía que se reconocía a cada una de las áreas, sin embargo en general incluían al
menos tres niveles diferentes de actuación (Kobrin, 1959):
Programas recreativos para niños en el barrio, incluyendo campamentos de
verano, la participación de voluntarios de la comunidad en la organización de
actividades, o la búsqueda de espacios en el barrio para organizar actividades re
creativas.
Campañas para facilitar la mejora de la comunidad en dimensiones tal y como
los servicios educativos, la seguridad vial, la conservación física, la recogida de
basuras, etc.
Actividades dirigidas a los jóvenes delincuentes, así como a adultos que vol
vían a la comunidad tras haber cumplido condena. En esta categoría se incluían
programas de supervisión de los jóvenes delincuentes, la identificación de volunta
rios que actuaban como enlace entre la policía, los juzgados de menores y la comu
nidad y que avocaban por estrategias judiciales de diversión, voluntarios ligados
con las pandillas de delincuentes, así como asistencia a los delincuentes que han
cumplido condena para reinsertarse en la comunidad.
Estas actividades estaban orientadas a la consecución de tres objetivos funda
mentales: (a) facilitar contactos significativos entre adultos y jóvenes en la comuni
dad, (b) exponer los residentes locales a las nuevas perspectivas científicas en
educación y desarrollo infantil y juvenil, y (c) crear canales de comunicación entre
los residentes locales y representantes de instituciones públicas y privadas capaces
de proporcionar recursos de utilidad para los barrios (Finestone, 1976).
Es difícil determinar en qué medida el Proyecto de Áreas de Chicago es una
intervención efectiva. La respuesta no es clara. Desde los primeros días del proyec
to fue evidente que este tipo de intervención resultaba muy difícil de implementar
en los barrios con un mayor nivel desorganización social. La movilización de los
residentes solamente funciona cuando hay un mínimo de estructura institucional y
apoyo social que a menudo no existe en este tipo de barrios (Finestone, 1976).
Existen también serios interrogantes sobre la posibilidad de sostener los grupos de
residentes sin el apoyo externo proporcionado por el Proyecto (Hope, 1995). De
forma más general, evaluar iniciativas de tipo comunitario es extremadamente
complejo y ha sido muy difícil establecer que cambios comunitarios han sido la
responsabilidad del Proyecto de Áreas de Chicago. Es muy difícil encontrar refe
rentes de comparación, es decir, barrios con característica similares y que solo
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difieren en la existencia de este tipo de iniciativas. Y, cuando dichos referentes han
sido encontrados, ha sido prácticamente imposible separar los efectos de las inicia
tivas generadas por el Proyecto de Áreas de Chicago de los efectos de cambios
urbanos que afectaron a la ciudad de Chicago durante la historia del proyecto. La
diversidad de actividades adoptadas en cada una de las áreas también complica la
evaluación global del proyecto, así como el énfasis de mucha de estas actividades
en promover la
judicial y policial (es decir la no intervención) y la con
siguiente inexistencia de registros oficiales de casos que han sido sometidos a
diversión, lo que complica la interpretación de datos oficiales sobre casos registra
dos de delincuencia (Burisk y Grasmick, 1992).
El estudio más reciente sobre este proyecto es de 1984 (Scholsman y Sedlak,
1983). Esta evaluación y discusión del proyecto conducida por la
4 .
en general ofrece una lectura positiva del proyecto, aunque también advierte
que el Proyecto ha cambiado de forma sustancial durante su historia en parte como
respuesta a las nuevas directrices de financiación del gobierno federal estadouni
dense. Bursik y Grasmick (1992) también destacan como algunos miembros del
proyecto cuestionan el énfasis de la intervención en la prevención de la delincuen
cia y como las actividades centradas en delincuentes serios prácticamente han
desaparecido. Algunas de las actividades introducidas por primera vez en Chicago,
como la asignación de trabajadores a pandillas juveniles también han sido critica
das por sus efectos criminógenos, al servir fundamentalmente para aumentar la
cohesión de dichas pandillas (Klein, 1971).
2.
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Durante los años 60 el presidente americano Lyndon Jhonson propuso un pro
grama de “Guerra contra la Pobreza”. Era la época dorada del estado de bienestar
en los Estados Unidos, un período de ilusión y optimismo sobre la posibilidad de
reforma social. En este periodo también existía una presión creciente para tratar los
problemas generados por la falta de reconocimiento social y jurídico de las minorí
as de color. En este contexto se desarrollaron un número de programas sociales
orientados a prevenir la marginación social y la delincuencia. El modelo de movi
lización de recursos parte de la idea de que fomentar la cohesión social de los
barrios pobres, al estilo de las ideas inspiradas por la Escuela de Chicago, sirve de
poco si estos barrios carecen de los recursos económicos y sociales necesarios para
sostener dicha cohesión social (Binder y Polan, 1991; Hope, 1995).
Mientras que el programa de acción urbana propuesto en Chicago encontraba su
inspiración teórica en la formulación clásica de la teoría de la desorganización
social, el modelo de movilización de recursos encontraba su inspiración teórica en
las teorías de la anomia de Merton, el interés en la conformidad de Jackson Toby y,
sobre todo, en la teoría del bloqueo de las aspiraciones legítimas de Cloward y
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Ohlin. Merton en un artículo publicado en 1938 (“Anomie and Social Structure”)
en la revista oficial de la Sociedad Americana de Sociología criticaba la idea de que
el comportamiento desviado es simplemente el resultado de los fallos de los meca
nismos de control social y el carácter naturalmente egoísta del hombre. Frente a
este modelo, Merton propone uno que señala como la estructura social puede indu
cir de forma directa una 4
en la conducta humana para comportarse de forma
desviada. Merton señala como en toda sociedad existen una serie de objetivos
culturales más o menos consensuados y una serie de mecanismos para alcanzar
estos objetivos. En una sociedad como la americana en la que el enriquecimiento
personal y el consumo de consagran como valores culturales, pero no existen sufi
cientes canales legítimos para la obtención de estos bienes, se genera una presión
anómica, en particular sobre los sectores más marginados de la sociedad, para
utilizar procedimientos no aceptados para lograr la riqueza.
Cloward y Ohlin (1960) desarrollan estas ideas en la teoría de la oportunidad di
ferencial. Como Merton, estos autores destacan en sus análisis como la frustración
generada del bloqueo de canales legítimos de acceso a los valores y objetivos
culturalmente aceptados puede dar lugar a la delincuencia. Pero Cloward y Ohlin
también destacan que el acceso a oportunidades de desarrollo criminal esta distri
buido desigualmente en la sociedad. Su teoría constituye un esfuerzo de integración
teórica de las ideas de Merton con la de las teorías subculturales y algunas de las
nociones en torno a asociación diferencial y cohesión social propuestas por autores
del ámbito de Chicago. Mientras que en los barrios marginales tradicionales existí
an culturas delictivas que ofrecían este tipo de salidas a los jóvenes locales en el
mundo tradicional de la delincuencia “organizada”5 o en formas tradicionales de
economía sumergida, el deterioro socioeconómico de este entorno, la progresiva
desaparición de las maquinarias políticas locales en las que se apoyaban estas
subculturas delictivas y su sustitución por programas de bienestar más generales y
administrados de forma más burocrática y menos susceptibles a formas de corrup
ción local6, sirvieron para facilitar la proliferación de adaptaciones delictivas más
violentas y predatorias en el contexto de los barrios pobres7.
5
“When crime was on a local scale, delinquency was a way of acquiring the skills and attitudes
needed for participation in the adult criminal structure. Where it was linked through age grading with adult
criminal occupations, the delinquent subculture was a first stage in access to systems of illegitimate oppor
tunity. But there is considerable reason to doubt whether these same functions are performed by the delin
quent subculture in an era of syndicated crime… The delinquent subculture can no longer perform the
educational functions that once made it so vital a force in the continuity of criminal enterprises; it has
become obsolete. Illegal chances of social ascent are thus closed off, and pressures for conflict forms of
delinquency mount” (Cloward and Ohlin, 1960: 206 207).
6
“As a result of the gradual absorption of the immigrant masses into the middle classes and of cer
tain radical changes in the structure of the economy, the locus of political power has shifted from the local
neighborhood to the state and national arenas… With the decline of the neighborhood based political
machine the urban lower class has lost an important integrating structure and a significant channel for social
ascent… The political machine also played a strategic part in the process by which crime, especially gam
bling, was made rational and bureaucratic. But with the progressive rationalization of crime and the integra
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Para Cloward y Ohlin (1960) la delincuencia no es simplemente una propiedad
de individuos o subculturas, sino una propiedad de los sistemas sociales en los que
estos individuos y grupos viven. Las presiones que producen la delincuencia se
originan en estas estructuras, así como las fuerzas que moldean el contenido de las
diferentes subculturas delictivas. Desde esta perspectiva, por tanto, se subraya que
el objetivo de la acción preventiva no lo deben constituir tanto los individuos o los
grupos que exhiben comportamiento delictivo, sino los contextos sociales que dan
lugar a la delincuencia. En la opinión de estos autores, los esfuerzos de quienes
pretenden eliminar la delincuencia han de concentrarse en la reorganización de las
barriadas marginales dado que las viejas estructuras que proporcionaban control
social y avenidas de ascenso social se encuentran en proceso de resquebrajamiento.
Esta teoría sirvió de inspiración al modelo de movilización de recursos y en par
ticular a una de sus manifestaciones más conocidas el programa de Movilización
para los Jóvenes que tenía como objetivo la expansión de oportunidades legítimas
para adolescentes. El Programa de Movilización para los Jóvenes ( 5 1
)
, MFY) comenzó a principios de los 60 en el <
de Nueva York,
por aquella época todavía un barrio pobre de portorriqueños y afroamericanos. El
programa, la creación de Lloyd Ohlin que era profesor de Trabajo Social en Co
lumbia University, se convirtió en un modelo para otros programas e intervencio
nes dentro de las iniciativas de la “Guerra a la Pobreza” del presidente Johnson. El
plan original pretendía reducir la delincuencia por medio de una serie de medidas
coordinadas y comprensivas que incluían trabajos para los adolescentes, centros de
atención comunitarios, empleo de residentes locales como líderes de la organiza
ción, y la organización de los residentes locales en plataformas para tomar acción
sobre temas de interés común.
La organización de los residentes locales se convirtió en un tema polémico
cuando los grupos organizados por el MFY empezaron a críticas las autoridades
locales, la policía y las escuelas locales por su falta de atención a las necesidades de
los residentes. En esta etapa del programa se organizaron protestas de vecinos y el
objetivo de la organización de las plataformas se centro en reivindicar la mejora de
las condiciones de las viviendas, cambiar las prácticas de las escuelas que discrimi
tion of its leaders with city, state and national politicians, the dependence of syndicate operators upon
neighborhood political organizations has diminished. Hence local political groups can no longer count upon
the financial largesse of financial enterprises as a stable source of income. Perhaps the greatest paradox of all
is the fact that the growth of the welfare state has undermined the importance of the urban political ma
chine… It is of couse true that the ‘welfare state’ … has taken over a function once performed by the
political machine. But to say that the structure of the welfare services effectively supplants the traditional
political machine is to overlook many other functions that the machine performed for lower class persons…
One of the principal differences between aid dispensed by welfare agencies and similar assistance given by
political machines is that the latter brings about neighborhood social integration while the former does not”
(Cloward and Ohlin, 1960: 207 209)
7
“We predict that delinquency will become increasingly aggressive and violent in the future as a
result of the disintegration of slum organization” (Cloward y Ohlin, 1960: 203)
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naban a los estudiantes cuyo idioma original era el español, presionar a la ciudad
para que organizara formación vocacional, y otras medidas de presión y crítica. Las
autoridades locales contra atacaron y las relaciones entre políticos e instituciones
locales y el MFY se deterioraron. Uno de los tabloides locales, el %
# <,
acusó a MFY de fomentar el desorden público y el antagonismo racial (Weissman,
1969). A pesar de que MFY contaba con el apoyo teórico y financiero del gobierno
federal, acusados de radicalismo político y sin aliados en el gobierno local, a finales
de los 60 MFY abandono los esfuerzos de organización comunitaria y concentró
sus actividades en la educación vocacional. En lugar de crear nuevas oportunida
des, MFY se resignó a intentar preparar los jóvenes locales para el mercado de
limitadas oportunidades disponibles a los mismos.
La historia de MFY es similar a la de los programas que inspiró. MFY, aunque
era un programa dirigido a la prevención del delito, se convirtió en el modelo que
inspiro las iniciativas del presidente Kennedy y de su sucesor Lyndon Johnson
para, de forma más general, combatir la pobreza y la marginación social. El Pro
grama de Acción Comunitaria (CAP,
) fue lanzado
como una de las iniciativas de la “Guerra contra la Pobreza”. Uno de los objetivos
explícitos de este programa era implicar a los sectores marginales de las ciudades
directamente, facilitando el “máximo posible de participación” en los programas
que afectan sus vidas. Aproximadamente 1000 iniciativas se beneficiaron de los
fondos federales reservados para este programa entre 1964 y 1966, sin embargo una
buena parte de los recursos fueron absorbidos por las organizaciones políticas
existentes que veían en el desarrollo de nuevas bases de poder político local una
amenaza. Ello subvirtió el objetivo original de crear redes de organización política
y social entre los residentes de barrios marginales (McGahey, 1986). Otros progra
mas de intervención social también fueron financiados por la Guerra contra la
Pobreza, incluyendo =
(que como vimos es uno de los ejemplos más
conocidos de intervención en la infancia), + $ , > 5
4 , y 4<
*
Sin
embargo, la opinión pública, sobre todo, identificaba la Guerra contra la Pobreza
con CAP (Binder y Polan, 1991).
Se han ofrecido muchas respuestas a porqué la “Guerra contra la Pobreza” fraca
só. La acción comunitaria en general, y en particular los esfuerzos para maximizar
participación local, fueron culpados de generar prácticas de gestión corrupta, inefi
ciente e inexperta y de fomentar el radicalismo de los grupos de color y los senti
mientos en contra del gobierno. Otros historiadores culpan a otros factores econó
micos y sociales, en particular el costo de la guerra de Vietnam y los cambios en
los sentimientos e ideologías públicas de los americanos. La disminución de los
fondos federales, la falta de cooperación e incluso oposición de las autoridades
locales y policiales, tampoco ayudaron. Finalmente, hay quien señala que ni el
gobierno federal ni las autoridades estatales y locales, y ciertamente ni la sociedad
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https://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12 02.pdf
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Juanjo Medina
americana en general, estaban suficientemente comprometidos con los objetivos de
la “Guerra a la Pobreza” como para adoptar los cambios políticos y económicos
necesarios para eliminar la desigualdad y marginación social.
Antes de Kennedy y Johnson el gobierno federal no había jugado un papel im
portante en el control de la delincuencia, de forma que las iniciativas sustentadas
bajo este periodo se convirtieron en una especie de examen sobre su eficacia y
eficiencia. Cuando el optimismo burgués, un tanto ingenuo, de la época no se
reforzó por medio de la observación empírica de resultados generalmente positivos
de estos esfuerzos se generó un clima generalizado de escepticismo sobre cual
quier esfuerzo social para cambiar la fortuna de los sectores más marginales de la
sociedad, lo que ha limitado de forma considerable el desarrollo de políticas tan
ambiciosas como las adoptadas durante la presidencia de Kennedy y Johnson con
posterioridad (Binder y Polan, 1991)8. Los problemas de estos programas fueron
empleados por criminólogos conservadores como evidencia de que reformas socia
les no son un mecanismo eficaz para la prevención del delito. El cambio del clima
socioeconómico y cultural también ha dado lugar a nuevos desarrollos en la pre
vención comunitaria del delito.
III.
"
2
1
1
El segundo momento histórico descrito por Hope (1995) se comienza a desarro
llar en los 70 y desde un punto de vista social tiene un alcance menos ambiciosos
que los esquemas propuestos anteriormente. Frente al optimismo de las décadas de
la postguerra, nos encontramos ahora en un momento económico diferente ligado a
la crisis del petróleo y a la desindustrialización de las economías occidentales que
comienza a generar modelos y condiciones urbanas diferentes. El desempleo crece
de forma preocupante y asociado al mismo el desarrollo de epidemias de drogas
como la heroína con un costo social y humano elevado para las economías urbanas.
En este período se produce también en los Estados Unidos la aceleración de lo que
se denomina como el “vuelo blanco”, el abandono de las ciudades por parte de las
clases medias de raza blanca que se desplazan a los suburbios más seguros con la
consecuencia de que la base fiscal de los ayuntamientos de las ciudades más gran
des se veía reducido en un momento en el que las necesidades sociales también
eran más elevadas. Los objetivos de los programas de prevención comunitaria en
esta época son también, por tanto, menos ambiciosos, no se trata tanto de acabar
con los bolsillos de pobreza, sino de garantizar que los mismos están diseñados
8 “Rethorically, the war on poverty was made to sound more sweeping than it really was, and so set
itself up (or was set up)to seem as if it had ended in defeat when it didn’t vanquish all poverty” (Lemann
citado por Hope, 1995: 41).
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02: 15
arquitectónicamente de tal forma que se garantiza la vigilancia natural de los mis
mos por parte de los residentes y, por otra parte, se pretende enlistar la participa
ción de los vecinos en programas de vigilancia comunitaria (“
5
<
”).
Este periodo marca la transición entre lo que Garland denomina la penalidad del
bienestar y la sociedad del control. Es un momento histórico en el que a la crisis del
ideal rehabilitador se le da como respuesta la reinvención de la prisión como espa
cio de contención orientado fundamentalmente a la incapacitación de los delincuen
tes. El incremento masivo del uso de la prisión en Estados Unidos y otras socieda
des occidentales, incluyendo la española, comienza en este periodo y continua hasta
nuestros días. Este uso masivo de la prisión como respuesta a los problemas socia
les de las ciudades afecta fundamentalmente a los residentes de las zonas pobres de
las ciudades y contribuye a la destrucción del tejido social de las mismas.
1.
*3 - . *
/-$
(
( .
)
Los programas de vigilancia comunitaria están fuertemente ligados al modelo po
licial comunitario. Una de las tácticas que nacen de las colaboraciones entre policía y
vecinos de comunidades residenciales es el establecimiento de programas de vigilan
cia comunitaria. El trabajo de la escuela de Chicago destacaba el papel del control
social informal en la reducción de la delincuencia. Esta misma idea también fue
respaldada por las teorías de la urbanista Jane Jacobs (1961). Jacobs pensaba que la
planificación urbana moderna, en particular la diferenciación y segregación de los
espacios residenciales de otro tipo de espacios, había minado la capacidad de los
residentes para regular el uso de estos espacios. Jacobs también era particularmente
crítica de cómo la planificación urbana al desarrollar modelos que giraban en torno al
automóvil habían reducido espacios para el peatón con el consiguiente abandono de
la calle con las implicaciones desde el punto de vista de control social que ello impli
ca. Para Jacobs la seguridad en la calle es un objetivo que no puede ser alcanzado
solamente por la policía sino que depende del nivel de control social informal que
resulta del uso e interacciones que tienen lugar en la calle9: “las calles con gente son
calles seguras, las calles desiertas son calles inseguras”. Jacobs (1993) mantiene que
una calle segura ha de reunir tres requisitos fundamentales:
1 Ha de haber una clara demarcación entre lo que es espacio público y lo que
es espacio privado.
9
“The fist thing to understand is that the public peace –the sidewalk and street peace of cities is not
kept primarily by the police, necessary as police are. It is kept primarily by an intricate, almost unconscious,
network of voluntary controls and standards among the people themselves, and enforced by people them
selves… No amount of police can enforce civilization where the normal, casual enforcement of it has broken
down” (Jacobs, 1993: p. 40). También: “the safety of the street works best, most casually, and with least
frequent taint of hostility or suspicion precisely where people are using and most enjoying the city streets
voluntarily and are least conscious, normally, that they are policing” )Jacobs, 1993: p. 46).
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2 Debe haber ojos centrados en la calle, ojos que pertenecen a lo que puede
llamar propietarios naturales de la calle (tenderos, otros viandantes, etc)
3 La acera ha de estar en uso continuo y estable, para añadir al número de
ojos y para inducir a la gente en los edificios de esa calle a mantener un ojo en
la calle.
Para que estos requisitos se cumplan Jacobs (1961) pensaba que era fundamental
que hubiera en las calles una cantidad significativa de tiendas, pequeños comercios,
y otros espacios públicos que dieran vida a la calle. Estos espacios no solo dan
razones a la gente para usar la calle, sino que también crea un grupo de personas,
los pequeños comerciantes, con un interés en el mantenimiento del orden en la calle
donde sus comercios se ubican.
Jacobs habla de vigilancia natural que ocurre de forma espontánea y sus ideas
tienen implicaciones importantes, por ejemplo, para el desarrollo de políticas de
planificación urbana y de regulación de horarios comerciales. Sin embargo, en el
ámbito policial sus ideas se interpretaron de forma menos ambiciosa y más estrecha
para justificar el desarrollo de programas de vigilancia natural generados de forma
artificial.
Los programas de vigilancia comunitaria constituyen un esfuerzo artificial para
aumentar el nivel de “vigilancia natural” de la calle. Es una intervención barata
que resulta atractiva desde un punto de vista político en un momento en el que la
percepción pública de la efectividad de la institución policial en Estados Unidos en
la reducción de la delincuencia era muy baja. La teoría era que la creación de estos
tipos de esquemas podía tener un efecto directo en la prevención de la delincuencia
(al incrementar la vigilancia natural) y que la participación en estos programas
podría tener un efecto indirecto al crear redes informales de colaboración y apoyo
en barrios necesitados. Los programas de vigilancia comunitaria en esencia son
organizaciones informales de residentes, con o sin apoyo policial, que vigilan la
propiedad de otros residentes en el curso de sus actividades cotidianas y que de
nuncian cualquier actividad sospechosa a la policía (Hope, 1995). Tanto el gobier
no federal norteamericano, como el =
!
en Inglaterra y Gales ofrecieron
un apoyo considerable a este tipo de programas durante los 70 y los 80. De hecho,
estos programas, a pesar de los resultados negativos de muchas de las evaluaciones
realizadas, aun son populares en el contexto anglosajón. Eck y Maguire (2000)
recientemente concluían que los programas de vigilancia comunitaria constituyen
una de las estrategias más populares entre los departamentos de policía en los
Estados Unidos.
La valoración tradicional de estos programas era bastante negativa. Hasta re
cientemente se aceptaba que la investigación sobre este tipo de intervención, a
pesar de los problemas metodológicos, es bastante consistente y en general encuen
tra nulos efectos en la reducción del delito (Lurigio y Rosenbaum, 1986; Hope,
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1995; Sherman, 1997). Esta conclusión encontraba apoyo sólido en numerosos
estudios, incluyendo un experimento con distribución aleatoria de casos en Min
neapolis que trató de organizar programas de vigilancia comunitaria con y sin
participación policial en barrios que no habían solicitado este tipo de programas.
Varios estudios, de hecho, han documentado instancias en las que los programas de
vigilancia comunitaria no solamente no han servido para reducir la delincuencia,
sino que han estimulado los sentimientos de inseguridad ciudadana entre los resi
dentes locales. Al traer a la atención de los residentes locales la necesidad de ejer
cer vigilancia natural para prevenir el delito, en algunas ocasiones estos programas
pueden estar, de forma inesperada, contribuyendo a aumentando los niveles de
ansiedad frente al delito (Hope, 1995).
Los estudios que han analizado los programas de vigilancia comunitaria no se
han limitado a medir sus escasos resultados sino que también han ofrecido datos
que pueden ayudar a entender su incapacidad para reducir los niveles de delincuen
cia. Uno de los datos desvelados por estos estudios es que existen niveles muy
diferentes de participación en los programas de vigilancia comunitaria. Skogan
(1988) en una revisión de la literatura documentaba como los miembros de este tipo
de organizaciones tendían a ser los vecinos más educados, con ingresos más eleva
dos, con familia y niños, y tendían también a ser propietarios de sus viviendas y a
haber residido en el barrio por un período largo de tiempo. Eran, por tanto, organi
zaciones poco representativas del conjunto de los vecinos. Por otra parte, y de
forma quizás más preocupante, Skogan documentaba como estos grupos no solían
existir en barrios pobres y deteriorados con problemas de delincuencia, niveles de
movilidad residencial elevada, y con una población diversa. Ello era debido a los
escasos niveles de capital social y al elevado grado de desconfianza e inseguridad.
Es decir este tipo de organizaciones planteaban serios problemas de implementa
ción en aquellas comunidades que podrían haberse beneficiado más claramente de
intervenciones orientadas a reducir la delincuencia. En Inglaterra y Gales, la *
también documenta resultados muy similares (Hope, 1995). Dadas
las condiciones de los barrios en los que estos programas existen quizás no es de
extrañar el escaso impacto de los mismos, dado que son barrios que, para empezar,
tienen niveles bajos de delincuencia (Sherman, 1997).
Hope (1995) también es muy crítico del tipo de actividades que realizan estos
programas. En su opinión, en la mayoría de los casos se trata de una intervención
débil que por su propia naturaleza resulta poco atractiva a los residentes locales y
por tanto, difícil, de mantener:
“Estar atentos para que un delito no se cometa puede ser casi tan divertido como
contemplar como se seca la pintura en una pared, mientras que la naturaleza su
brepticia de la mayoría de los delitos contra la propiedad hace difícil que los resi
dentes que vigilan vean nada... En Gran Bretaña la actividad más común de los
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https://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12 02.pdf
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residentes que participan en programas de vigilancia comunitaria parece consistir
solamente en poner una pegatina en la ventana de su casa indicando que el progra
ma funciona en el barrio, además solamente un cuarta parte de las personas que
atienden la primera reunión vuelven a las siguientes” (Hope, 1995: p. 49)
Hope (1995) también subraya el hecho de que la mayoría de los domicilios resi
denciales se encuentran vacíos durante el día (precisamente cuando los ladrones de
piso actúan) y no hay nadie durante esas horas que, por tanto, pueda ejercer la
función de vigilancia natural, contribuye a reducir el impacto preventivo de este
tipo de intervenciones.
A pesar de estas lecturas negativas del impacto de los programas de vigilancia
comunitaria los mismos han seguido siendo populares tanto con la policía como
con los ciudadanos. Se estima que aproximadamente el 40% de los norteamerica
nos y más del 25% de los británicos viven en zonas residenciales que participan en
programas de este tipo. Recientemente, una revisión sistemática de las evaluaciones
de este tipo de programas han venido a cuestionar la lectura tan negativa que se
hacía de las mismas por parte de la comunidad criminológica. Bennet y sus colegas
(2005) concluyen que la revisión narrativa de las evaluaciones sugería efectos
positivos en aproximadamente la mitad de los estudios, mientras que el meta
análisis sugería que 15 de los 18 estudios considerados ofrecían evidencia de una
reducción en la delincuencia como resultado de programas de intervención comuni
taria. Los autores concluían que aunque estos resultados son positivos, existen
muchos programas de vigilancia comunitaria que no ofrecen resultados positivos y
que es importante desarrollar un entendimiento mas profundo de lo que distingue a
aquellos programas de vigilancia comunitaria que son eficaces y aquellos que no.
2.
$ *3 (
4
#$
El trabajo de Jane Jacobs (1991) no solamente sirvió de coartada a los proponen
tes de los programas de vigilancia comunitaria, sino que también sirvió de inspira
ción al movimiento del espacio defendible. La idea de que los espacios urbanos
pueden planificarse para aumentar la vigilancia natural es una idea que Oscar
Newman traspasó al campo del diseño arquitectónico. Oscar Newman era un arqui
tecto que trabajaba para el Departamento de Viviendas Públicas de la Ciudad de
Nueva York que estaba particularmente interesado en como modificar el diseño de
los proyectos de vivienda pública de la ciudad para convertirlos en espacios más
seguros y habitables.
Los proyectos de vivienda pública representan un esfuerzo histórico para ofrecer
mejores condiciones residenciales a los habitantes de chabolas y los barrios pobres
de las ciudades. Los reformistas urbanos del siglo XIX y de principios del siglo XX
habían criticado el estado de las condiciones residenciales de las personas condena
das a los estratos sociales más bajos. Durante las primeras décadas del siglo XX
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02: 19
como resultado de las luchas sociales que reivindicaban derechos para la clase
trabajadora y los desposeídos, los gobiernos de las democracias occidentales co
mienzan a adoptar políticas de desarrollo urbano que trataban de mejorar estas
condiciones residenciales en el contexto de políticas nacionales de vivienda. Los
reformistas de la época abogaban por espacios residenciales abiertos, saludables y
tranquilos. Este tipo de reivindicaciones por espacios abiertos se materializó en los
diseños de los arquitectos modernistas europeos. Le Corbusier es el ejemplo más
conocido de los mismos. Le Corbusier compartía la idea de que el espacio arquitec
tónico tiene un impacto directo en los estilos de vida de sus habitantes. Los diseños
de Le Corbusier giraban en torno al principio de agregación vertical y la manifesta
ción física de este principio lo constituía los edificios altos de pisos. Le Corbusier
básicamente concebía los espacios urbanos como un conjunto de estos edificios en
amplios espacios vacíos o con parques y conectados entre sí por grandes avenidas
(Venkatesh, 2000).
En el contexto norteamericano los diseños de Le Corbusier se aceptaron como la
solución al problema de vivienda de las clases desfavorecidas. En este país los
movimientos migratorios desde el sur hacia los grandes centros urbanos del norte,
protagonizados fundamentalmente por la población de color, generaron la necesi
dad de crear nuevos espacios habitables a partir de la década de los 40. En 1949,
además, la Housing Act, instituía un programa para la abolición de chabolas y
residencias de bajo estándar. Los macroproyectos de vivienda pública, en numero
sas ocasiones ocupando varias manzanas de barrios, construidos en torno a los
principios esbozados por Le Corbusier y otros arquitectos en la misma línea se
convirtieron en la respuesta más común, sobre todo en ciudades como Chicago o
Nueva York, a las nuevas necesidades residenciales. Aunque en un primer momen
to los beneficiarios de estas nuevas viviendas las contemplaban como un sueño
hecho realidad, los problemas no tardaron en aparecer (Venkatesh, 2000). La polí
tica de vivienda emprendida en los Estados Unidos, junto a las prácticas discrimi
natorias del mercado de viviendas (Massey, 1994), supuso que estas islas residen
ciales, normalmente construidas en espacios aislados y pobres donde el suelo era
barato, y a las que solamente se accedía cuando los ingresos eran bajos o muy bajos
resultó en la practica en la segregación geográfica y residencial por motivo de raza
y clase social de los menos afortunados. La crisis económica de la década de los 70
y la desaparición de trabajos en la industria de manufacturación solamente sirvieron
para acrecentar los problemas sociales y económicos de estas islas residenciales
que los sociólogos americanos describen como guetos. Guetos en los que la delin
cuencia encontraba un rico caldo de cultivo. Tan mal acabó la cosa que hoy por hoy
buena parte de la literatura criminólogica considera como un factor de riesgo para
la participación individual en la delincuencia el crecer y vivir en proyectos de
residencia publica (Ireland, Thornberry, y Loeber, 2006) mientras que algunos
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estudios tratan de examinar la relación entre las tasas delictivas en proyectos de
vivienda pública y la delincuencia en los barrios que los rodean.
Y este era el problema que Oscar Newman (1972) contemplaba cuando trabajaba
como consultor para el Departamento de Viviendas Publicas de la Ciudad de Nueva
York. Newman pensaba que, al margen del impacto de la concentración de proble
mas sociales que él también reconocía, parte de los problemas resultaban de los
principios arquitectónicos empleados en el diseño de estos proyectos. Para New
man parte del problema era el tamaño mastodóntico de estos proyectos, albergando
en ocasiones a miles de familias normalmente en pisos de más de siete plantas. Por
ejempo, las > 5
=
en el <
tienen unas catorce plantas,
con nueve familias por planta, lo que sumado supone unas ciento diecisiete familias
por edificio. Estos edificios, generalmente, carecían de portero o encargado de
mantenimiento. Los edificios además se agrupaban en lo que habían sido varias
manzanas en una supermanzana cerrada al trafico mientras que los espacios no
construidos fluían de forma libre y abierta sin que se realizaran esfuerzos para
delimitar parcelas de terreno correspondientes a diferentes edificios. Aunque al
construir a lo alto se libera más espacio comunal que si se construye a lo ancho, el
terreno no construido generalmente tiene un diseño que no facilita su uso. Estas
condiciones arquitectónicas disminuían la capacidad de vigilancia natural, al au
mentar de forma drástica la densidad de población y, por tanto el anonimato, sin
favorecer el uso de los espacios públicos alrededor de las viviendas ni crear la
ilusión de responsabilidad por medio de la demarcación de espacios perteneciente a
cada edificio. El formato estándar de estos edificios y proyectos, que permite su
fácil identificación y estigmatización como vivienda publica, así como la concen
tración en los mismos de familias que sufren una variedad de problemas hacían la
gestión de estos espacios particularmente difícil.
Newman pensaba que la solución al problema pasaba por la adopción de los
principios del espacio defendible. “El espacio defendible es un modelo para am
bientes residenciales que inhibe el delito por medio de la creación de la expresión
física de una comunidad social que se defiende a sí misma” (Newman, 1972: p.3.).
El objetivo del espacio defendible es “crear un ambiente en el que el sentimiento de
territorialidad latente y de comunidad de los residentes puede traducirse en su
responsabilidad para garantizar un espacio habitable seguro, productivo y bien
mantenido” (Newman, 1972: p. 3). En la medida en que los delincuentes perciban
estos sentimientos y las prácticas resultantes de los mismos serán disuadidos de
cometer delitos en dichas áreas. El principio esencial, por tanto, consiste en la re
estructuración del espacio urbano para permitir a los residentes el controlar las
áreas alrededor de sus viviendas (Newman, 1996). En la formulación original del
modelo Newman (1972) identifica cuatro aspectos fundamentales del espacio
defendible:
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1 La definición territorial del espacio de forma que se refleje las áreas de in
fluencia de los residentes. Para ello hay que subdividir los espacios residen
ciales en zonas hacia las que los residentes pueden ver fácilmente como su
yas y sobre las que adquieren una especie de sentimientos de propiedad y
responsabilidad. Por ejemplo, por medio de la ubicación de áreas de juego
para niños u otros servicios que garanticen el uso de los espacios públicos.
2 El posicionamiento de las ventanas de los apartamentos para garantizar que
los residentes que miran por las mismas puedan vigilar de forma natural el
exterior y el interior de las áreas públicas
3 La adopción de formas e idiomas de construcción que eviten el estigma de
peculiaridad que permite a otros identificar la vulnerabilidad y el aislamiento
de los residentes de proyectos de vivienda pública
4 La mejora de la seguridad por medio de la ubicación de los proyectos en
áreas urbanas adecuadas y seguras, sin que existan barreras arquitectónicas
entre el proyecto y las mismas.
Newman es un partidario de la construcción de urbanizaciones más pequeñas y
edificios menos elevados, con un menor número de pisos y, por tanto, de residen
tes. Newman (1980) también proponía como principio de ordenación urbana la
creación de espacios residenciales de entre 50 a 500 residencias en los que por
medio de la agrupación de unidades familiares con similares estilos de vida y edad
se pudieran generar lo que él denomina “comunidades de interés” con un interés
similar y común en el uso compartido de los espacios públicos de estas áreas resi
denciales. Estas agrupaciones por estilo de vida y edad, sin embargo, no deben
construirse de forma tal que se excluyan los grupos más marginales. Newman es un
partidario de políticas de vivienda de protección oficial que garanticen cuotas en
estas áreas residenciales para familias pertenecientes a minorías étnicas o con
ingresos escasos o moderados.
Desde el punto de vista del tratamiento de los problemas en urbanizaciones de
vivienda pública, los problemas asociados a los proyectos mastodónticos de vivien
da pública dieron lugar a políticas orientadas a destruir estas urbanizaciones a favor
de urbanizaciones más pequeñas y menos segregadas. Más recientemente el énfa
sis se puso en esparcir las viviendas públicas por toda la ciudad. Es decir, en vez de
construir urbanizaciones de vivienda pública, construir pequeños edificios o urba
nizaciones, con un máximo de 24 familias, que se integren dentro de barrios resi
denciales de clase media o alta (Newman, 1996)10 o bien apostar por una política de
viviendas de protección oficial dispersas por toda la ciudad. En los Estados Unidos
esta idea se tradujo a partir de 1992 en el programa federal HOPE VI. Por otra
parte, aunque los residentes de barrios de clase media donde estas viviendas disper
10 Newman (1996) ofrece una discusión ilustrativa basada en el estudio de un caso en Yonkers (New
York) que muestra las dificultades políticas y la resistencia de grupos de residentes a este tipo de desarrollos.
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sas se ubican en ocasiones pueden adoptar una actitud defensiva y de resistencia a
los mismos usando argumentos sobre el potencial aumento de la delincuencia que
los mismos pueden conllevar (Newman, 1996), los estudios realizados hasta la
fecha documentan que este no es el caso (Galster et al., 2003). Sampson (1995), en
una revisión de la literatura sobre comunidad y delito, apoyaba este tipo de medi
das. Algunos expertos en políticas de vivienda, sin embargo, son más escépticos
sobre la viabilidad y eficacia, sobre todo a corto plazo, de este tipo de medidas
(Popkin, 2006)11.
En todo caso, el uso del diseño arquitectónico para la reducción de la delincuen
cia no tiene porque limitarse al estudio y construcción de urbanizaciones de vivien
das pública (Poyner, 1983; Newman, 1996) y así hay estudios que han aplicado este
tipo de principios al análisis del diseño de estaciones de metro, parques públicos,
etc. Este tipo de planteamientos presenta conexiones importantes con la prevención
del delito a través del diseño del entorno y podría, de hecho, conceptualizarse como
una manifestación de la prevención situacional del delito. De hecho, la mayoría de
los estudios más recientes que incorporan este tipo de principios emplean otros
elementos de prevención situacional y se insertan claramente en esta literatura. Las
publicaciones más recientes sobre este tipo de aplicaciones han destacado otro tipo
de medidas al margen de la simple alteración del diseño físico que claramente
enlazan con estas ideas. Por ejemplo, en una publicación del #
>
, Judith Feins y sus colegas (1997) recomiendan las siguientes medidas de
gestión de espacios residenciales para prevenir la delincuencia:
Alteraciones del entorno físico
Cambios en la gestión
Cambios en los usos
Endurecimiento de los objetivos
Control de los accesos
Aumento de las oportunidades para la vigilancia
Identificación de los puntos calientes
Mejora de la imagen
Mejora de la seguridad (policía y personal privado)
Cambios en la gestión de los espacios
Expansión del papel de los residentes
Aumentar el uso de los espacios en diferentes momentos
del día y de la noche
Aumentar la variedad de los usos comerciales
Aumentar el uso por parte de los residentes, así como las
actividades recreativas
Hope (1995) plantea que en la práctica las alteraciones del entorno físico con el
objetivo de prevenir delitos en general se han plasmado en operaciones de bajo
11 La evaluación de HOPE VI muestra que los residentes de viviendas públicas que han sido movidos
a este tipo de residencias se encuentran en viviendas de mejor calidad y condiciones. Sin embargo, muchos
todavía viven en barrios que son pobres y tienen altos niveles de delincuencia. Además, hay un subgrupo de
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costo y escaso alcance: mejoras en la seguridad de domicilios, el uso de rejas y
vallas para excluir a los no residentes de las áreas comunes de urbanizaciones, la
peatonización de algunas calles, programas de embellecimiento y limpieza urbana,
mejora en el alumbrado de la calle, e instalación de tecnologías de control del
acceso (p.ej., porteros electrónicos) y vigilancia. En una evaluación de la aplicación
de los principios del espacio defendible en las urbanizaciones de vivienda pública
en Nueva York, Plunz, Clarke y Dumanovsky (1997) concluyeron que, aunque se
pudieron observar reducciones a corto plazo en las tasas de robos en los pisos, la
aplicación de estas medidas eran demasiado limitada y uniforme como para generar
reducciones a largo plazo. Un problema adicional es que, al margen del trabajo de
Newman, existen escasas presentaciones comprensivas de esta literatura y algunos
tratamientos del tema son contradictorios entre sí12.
La evaluación de este tipo de iniciativas, sin embargo, ha sido muy difícil dada
los problemas asociados con separar en cualquier estudio los efectos del entorno
físico de los efectos de las características sociales de estas áreas que también con
tribuyen a la delincuencia. Además, muchas de las intervenciones que se han reali
zado bajo el estandarte del espacio defendible también incorporaban medidas de
tipo social, administrativo o policial que iban más allá de la mera alteración del
espacio físico, por lo cual ha sido muy difícil establecer en qué medida los posibles
efectos de estos programas eran una función exclusiva de la alteración arquitectóni
ca. Dadas las dificultades de evaluar directamente el impacto de estas intervencio
nes otros estudios han tratado de analizar el impacto de medidas de defensa espa
cial en las percepciones de ladrones de pisos sobre la vulnerabilidad de edificios y
han ofrecido respaldo a algunas de las nociones que apoyan esta teoría. Por estas
razones, es difícil obtener conclusiones definitivas sobre la eficacia preventiva de
este tipo de medidas, aunque existen razones suficientes como para deducir que el
diseño puede tener al menos cierto impacto, sobre todo cuando se combina con
otros elementos de gestión del espacio y de sus usos y las alteraciones están basa
das en un análisis detallado de los específicos problemas locales (Donnelly and
Kimble, 1997; Feins et al., 1997).
Otros autores, en cambio, son más críticos. Taylor y Gottfredson (1986) en una
revisión de la literatura publicada hace 20 años concluían que los efectos del entor
no físico en la delincuencia son entre pequeños y moderados, que los estudios que
residentes que, por su problemática personal (drogadicción, problemas de salud mental, etc.) resultan difícil
de mudar a mejores residencies (Popkin, 2003).
12 Una referencia a menudo citada como ejemplo del espacio defendible es Barry Poyner. 1983. De
sign against crime: Beyond Defensible Space. En este libro, Poyner presenta, desde la perspectiva británica,
numerosas ideas que son similares a las de Newman como, por ejemplo, la preferencia por edificios residen
ciales con una escala más humana, el cerrado de zonas comunales a los no residentes, etc. Sin embargo,
también propone ideas totalmente opuestas a las de Newman, por ejemplo, la segregación de residentes
pobres en zonas alejadas de barrios de clase media o alta, así como ideas opuestas a Jane Jacobs, por ejem
plo, la clara separación de usos de los espacios en zonas comerciales versus zonas residenciales.
RECPC 12 02 (2010)
https://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12 02.pdf
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Juanjo Medina
han encontrado efectos más fuertes no han controlado de forma apropiada la rele
vancia de otros factores sociales o conductas de los residentes, y que, aunque las
medidas de defensa espacial tienen un impacto en la percepción de vulnerabilidad
de objetivos por parte de ladrones de pisos, existen otros factores tal y como la
conducta cotidiana de los residentes o la proximidad de los objetivos a la residencia
de los ladrones de pisos y su familiaridad juegan un papel que puede ser más im
portante.
Por otra parte, los mecanismos del mercado característicos de la sociedad actual
han significado que una de las traducciones perversa en la práctica de este tipo de
ideas ha sido la proliferación de lo que los americanos llaman “
”,
comunidades cerradas, urbanizaciones en los suburbios residenciales con un cierto
toque de exclusividad y dotadas de tecnologías de control de acceso y vigilancia
que normalmente están pobladas por solamente quienes pueden permitirse el lujo
de pagar por el nivel de seguridad que las mismas ofrecen13. El impacto de esta
mercantilización de los espacios seguros en la fisonomía urbana puede tener un
impacto social y de concentración de la delincuencia en los barrios más marginales
muy importante. En este contexto, no es de extrañar los resultados obtenidos por
algunos que muestran que a medida que aumentan los niveles de desigualdad eco
nómica también aumentan los niveles de concentración de la victimación delictiva
entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En conclusión, la eficacia de los principios del espacio defendible aún está por
demostrar de forma convincente y existen cuestiones sobre su eficiencia económica
y los costes sociales que conlleva. En el mejor de los casos, parece que, a escala
general, los programas de prevención inspirados exclusivamente en el rediseño del
entorno físico tienen efectos muy pequeños o modestos. Hoy por hoy, el espacio
defendible se ha convertido en una herramienta más de la prevención situacional y
la policía orientada a la solución de problemas y en este contexto, en la medida que
esté basada en análisis de los problemas locales y se combine con otras medidas
también orientadas a la solución de estos problemas puede tener un cierto impacto
en la prevención del delito.
13 La investigación sobre la eficacia preventiva de estas comunidades cerradas aun está en su infancia
y adolece de importantes limitaciones metodológicas. Un estudio realizado en California (Wilson, 2000),
que comparaba dos comunidades cerradas con dos comunidad no cerradas de similares características
sociales (en cada categoría una estaba compuesto por residentes con ingresos elevados y una con residentes
con ingresos bajos) , mostraba que los residentes de la comunidad cerraba de ingresos altos exhibían menos
sentimientos de inseguridad ciudadana, un menor sentimiento comunitario y el mismo nivel de delincuencia
que los residentes de la comunidad no cerrada de ingresos altos. Por otra parte, la comunidad cerrada de
ingresos bajos y la comunidad no cerrada de ingresos bajos no presentaban diferencias en ninguna de las
medidas examinadas. Estos resultados, de nuevo, sugieren que las características sociales de estas áreas son
quizás más importantes que las características del entorno físico. Hasley y Strange (1999) sugieren que
aunque estas medidas pueden tener un efecto preventivo, plantean el problema del desplazamiento del delito,
no son una forma eficiente de controlar el delito desde el punto de vista económico y pueden tener un serio
impacto criminogénico si afectan las oportunidades laborales por medio de la alteración de la geografía del
empleo.
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IV.
"
56
En los 90 el clima político y económico es diferente al del período anterior, las
economías occidentales se han adaptado al modelo de globalización que de nuevo
genera nuevos modelos urbanos de desarrollo. En el contexto norteamericano, una
parte muy importante de la población, sobre todo de color, se encuentra condenada
al estancamiento en condiciones sociales muy deterioradas en guetos urbanos con
un alto nivel de un conjunto de problemas sociales entrelazados (pobreza, desem
pleo, delincuencia, enfermedades de transmisión sexual, drogadicción, etc). Ello en
un contexto en el que políticas sociales y de bienestar sufren importantes recortes
con independencia de los partidos en el poder y en el que se produce lo que algunos
observadores denuncian como la retirada o el abandono del Estado.
Ya a principios de los 80 se empiezan a documentar, no obstante, procesos de
revitalización de barrios en grandes ciudades occidentales. El abaratamiento del
suelo y de la vivienda en zonas particularmente deterioradas comenzó a atraer el
interés de pequeños y grandes empresarios. Igualmente, importantes flujos migrato
rios empiezan a dejar sentir un efecto positivo en la revitalizacion de zonas margi
nales de las ciudades. Carmon (1999) distingue dos tipos de procesos en este perio
do, lo que denomina: iniciativas individuales públicas y las coaliciones conjuntas
entre empresa privada y autoridades públicas. Las primeras hacen referencia a
casos en los que inversiones por parte de individuos, familias o pequeños comer
cios en barrios marginales son suplementados directamente (por medio de présta
mos subsidiados) o indirectamente (por medio de regulaciones especiales, inversio
nes en los servicios públicos locales, etc) por parte de las autoridades. El segundo
término hace referencia a la cooperación, que se ha hecho común en años recientes,
entre grandes inversores de la empresa privada, a veces grandes corporaciones, y
autoridades públicas, en general el gobierno municipal o regional.
Dentro de las primeras, Carmon (1999), a su vez, distingue entre:
•
4
4
5
4 4
.
?@
AB Un proceso que se ha producido en barrios
deteriorados que se encontraban en la vecindad de centros de ciudades
vibrantes y que contaban con vivienda con algún tipo de encanto –
arquitectónico o histórico 14.
14 “Researchers have extensively described this process, whose key players are oftentimes young peo
ple with higher education levels, Yuppies (young urban professionals) and Dinks (double income, no kids).
They invest their savings or take loans in order to renovate old buildings in deteriorated central neighbor
hoods in the United States, Canada, and West European countries... Gentrification and its consequences have
attracted research attention and criticism... The most hotly debated effect is displacement, i.e., the finding
that the entry of the middle class frequently pushes out incumbent lower class populations... In spite of the
controversy, local authorities tend to encourage the "back to the city" movement of members of the middle
class… through convenient regulations, tax discounts, subsidized loans and improvements to roads and other
services, in neighborhoods where the process has begun.” (Carmon, 1999, p. 148)
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Juanjo Medina
•
4
4
4
? .
B Sería el proceso que ha tenido lugar en algunas ciudades en las
que residentes de barrios deteriorados se han movilizado para conseguir
apoyo externo para invertir recursos en las infraestructuras locales. Son
situaciones en las que los propios residentes buscan financiación externa
para sus propias iniciativas de regeneración. Sería el caso, por ejemplo,
de una buena parte de las actividades de las americanas
% .
4
4
.
•
4
4
C
En el pasado la llegada
de inmigrantes de países pobres se consideraba un factor que contribuía
al deterioro de los barrios. En la actualidad, por contraste, se ha produci
do un importante flujo migratorio, con un aumento en la tasa de inmi
grantes con un alto nivel de educación, así como otros recursos, y la aspi
ración de penetrar la clase media del país receptor. Existe un número de
estudios que han documentado los efectos positivos de la creación de
ciertos enclaves étnicos como el caso de los cubanos en Miami u otros
grupos de inmigrantes en ciudades como Nueva York y Los Angeles. Es
tos enclaves étnicos traen nueva vida a barrios deteriorados, generan ac
tividad económica y comercial que aumenta el nivel de empleo local.
Junto a estos procesos, también ha sido común durante los 90 el desarrollo de
coaliciones de intereses empresariales y municipales para la revitalización de cen
tros urbanos. Este tipo de coaliciones generalmente ha venido ligada a la inversión
en ambiciosos proyectos de regeneración comercial o cultural, por medio de la
financiación de grandes centros comerciales, proyectos de residencias de lujo,
museos, estadios deportivos, etc. En el contexto del proceso de des
industrialización de las sociedades occidentales, el desarrollo de modelos de rege
neración urbana con base en proyectos de consumo y entretenimiento se ha conver
tido en una nueva panacea. El caso de la regeneración estimulada o ligada a la
creación del museo Guggenheim en Bilbao, así como el proceso de recuperación
del Rabal y el Barrio Chino en la ciudad de Barcelona, son buenos ejemplos de este
tipo de iniciativas en el Estado español. Muchos de estos ambiciosos proyectos han
tenido un notable éxito comercial: han servido para atraer negocios, clientes y
turistas, han incrementado la base fiscal de los municipios y han contribuido a
mejorar la reputación de las ciudades que se han beneficiado de los mismos.
Ello no quiere decir que este tipo de procesos no haya recibido críticas. Hay
quienes apuntan a que los arreglos que permitieron estos desarrollos han planteado
problemáticos conflictos de intereses entre lo público y lo privado. También hay
quienes sugieren que la distribución de beneficios de este tipo de desarrollo urbano
solamente ha servido para aumentar las diferencias sociales, dado que han venido a
concentrarse solamente en determinados segmentos sociales y que estas “islas
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Políticas de seguridad ciudadana en el contexto urbano y prevención comunitaria…
revitalizadas” se encuentran rodeadas de “mares de deterioro” en ciudades cada vez
más divididas socialmente (Carmon, 1999). La competición por inversión en pro
yectos vistosos se ha convertido en la norma, con las agencias encargadas de po
tenciar la regeneración, más preocupadas por satisfacer el interés de los potenciales
inversores que por resolver o atender las necesidades de la población local (Raco,
2003).
Estos procesos, por medio de los cuales, por un lado, se produce una tendencia
de recuperación de las ciudades por parte de las clases medias (
) y,
por otra, los centros urbanos experimentan una regeneración ligada al desarrollo de
la economía del entretenimiento y el consumo de bienes culturales (Hobbs et al.,
2003) también generan unas nuevas necesidades de seguridad pública y una nueva
moralidad cívica con expectativas de urbanidad menos tolerantes que en décadas
anteriores. En un contexto en el que las ciudades compiten entre sí (Logan y Mo
lotch, 1992) para atraer inversores, visitantes y residentes de clase media, la seguri
dad se convierte en una comodidad deseable que debe ser parte de la nueva imagen
que quienes venden las ciudades en el mercado global tienen que conseguir. Con
seguir que las áreas regeneradas sean seguras y sean percibidas como tales se ha
convertido en una prioridad de las agencias encargadas de potenciar la revitaliza
ción urbana (Raco, 2003).
Éste es el contexto en el que se suceden iniciativas para restaurar el “orden pú
blico” o en los términos de la teoría de los cristales rotos, mejorar la calidad de
vida, y en el de los políticos laboristas ingleses combatir ‘la conducta antisocial’. .
En el ámbito británico la llegada del gobierno laborista al poder en 1997 también
abre un discurso público sensible a las consecuencias de la exclusión social y una
serie de programas políticos orientados a combatir este fenómeno, aunque de forma
paradójica también se apoyan políticas penales que contradicen estos desarrollos.
El uso de la videovigilancia como mecanismo de prevención comunitaria también
encuentra su nicho en este período, así como el desarrollo de colaboraciones pre
ventivas por parte del sector privado.
1.
$ (7 8
( $
/
89 .
)
.
)
$
' 8) $
(
(
8
Este enfoque se deriva de lo que algunos traducen como la teoría de los cristales
rotos y otros como la teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1982; Kelling
y Coles, 1996). Esta teoría postula que signos de desorden social, tal y como la
presencia de prostitutas, drogadictos, jóvenes haciendo gamberradas, mendigos,
vendedores ilegales, etc., o signos de desorden físico, tal y como basura, edificios,
terrenos o vehículos abandonados, pintadas y graffiti, objeto vandalizados, etc, en
determinados nichos ecológicos crean una sensación de abandono estatal y social
en estas zonas que envía el mensaje de que todo está permitido en las mismas y
nadie se preocupa de hacer nada al respecto. Este clima de sentimientos fomenta
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entre los residentes sentimientos de inseguridad ciudadana que los lleva a un menor
grado de participación social y comunitaria y a evitar la calle. Este retraimiento, a
su vez, conduce a una disminución de los controles sociales informales en la calle,
lo que unido a la presencia de los signos de desorden atrae a la zona a sujetos con
intenciones poco honestas con el consiguiente aumento en las tasas delictivas.
Skogan (1990) habla de la espiral del deterioro en la que entran los barrios que
sufren este tipo de problemas y en un estudio de varias ciudades norteamericanas
ofreció evidencia de la existencia de este proceso. Estudios posteriores han tratado
de replicar estos resultados con diseños metodológicos más rigurosos y han ofreci
do resultados ambivalentes.
Esta teoría fue adoptada por William Bratton, el jefe de la policía de Nueva York
elegido por Rudolph Giuliani a principios de los 90. Bratton contaba entre sus
consejeros con George Kelling y su liderazgo se caracterizó por la adopción de
políticas en consonancia con las ideas de la teoría de los cristales rotos. Durante el
mandato de Bratton Nueva York pasó de ser una de las ciudades con una tasa de
delitos, particularmente de delitos violentos, más alta del país, a ser una de las
ciudades que experimentó un descenso más dramático de delitos. Bratton atribuyó
este descenso a sus políticas policiales, una mezcla de lo que sus partidarios deno
minan como policía de calidad de vida, así como de elementos de un nuevo geren
cialismo público.
La teoría de los cristales rotos, como hemos visto, indica la existencia de un vín
culo causal entre la existencia de signos de desorden y la delincuencia. De acuerdo
con esta teoría una sociedad que tolera el desorden social (ofensas “contra la cali
dad de vida”) tal y como la prostitución, la mendicidad “agresiva”, o el consumo de
drogas o alcohol en la calle envía el mensaje a los potenciales delincuentes de que
nadie toma responsabilidades por lo que pasa en la calle, nadie esta vigilando, y de
que se van a salir con la suya. La policía de “calidad de vida” o la policía basada en
la teoría de los cristales rotos propone, por tanto, la persecución agresiva de actos
de desorden social, incluso si estos actos tan solo constituyen, desde el punto de
vista legal, infracciones administrativas o delictivas de tipo menor.
Este fue el tipo de políticas adaptadas por Bratton y Giuliani en Nueva York a
partir de 1993. El eje de la estrategia consistió en una campaña para restaurar el
orden por medio de la realización d detenciones por ofensas menores tal y como el
acercarse a un coche en los semáforos para lavar las ventanillas, arrojar basura a la
calle, pedir limosna, prostitución, beber alcohol en la calle, orinar en espacios
públicos, vandalismo y una variedad de actos semejantes. Durante este período el
número de detenciones por faltas delictivas en Nueva York pasó de 133,446 a
205,277 en 1996. Bratton también aumento de forma considerable el número de lo
que en la terminología anglosajona se denominan “paradas y búsquedas”, con el
objetivo fundamental de detectar la posesión ilegal de armas de fuego.
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02: 29
La medida en que las políticas de Bratton tuvieron un impacto en las tasas delic
tivas de Nueva York se convirtió en un punto polémico de discusión académica,
política y social. La polémica era de esperar en un contexto como el americano en
el que la obtención de soluciones al problema delictivo tiene un elevado precio
electoral. Bratton reivindicaba el papel de la policía en la reducción de la delin
cuencia y argumentaba que el descenso de un 60% en la tasa de delitos, incluyendo
un descenso del 65% en la tasa de homicidios era una consecuencia directa de sus
políticas policiales basadas en la teoría de los cristales rotos.
La historia es posiblemente más complicada. Varios autores reconocen que estas
políticas pudieron jugar un cierto papel en el descenso de la delincuencia, pero
señalan que otros factores demográficos, económicos y sociales independientes de
la acción policial como, por ejemplo, la estabilización de los mercados de crack
también fueron relevantes. Otros autores son más críticos y señalan una serie de
problemas con la atribución del descenso a las prácticas policiales de Bratton. El
descenso se comenzó a experimentar incluso antes de que las políticas se pusieran
en práctica y también se produjo durante los 90 en otras ciudades norteamericanas
que no emplearon este tipo de políticas policiales (Eck y Maguire, 2000). Fagan,
Zimring y Kim (1997) observaron que el descenso en homicidios se debió funda
mentalmente al descenso en homicidios causados por armas de fuego y que fue
posiblemente la política agresiva de “cacheos” en la calle para la detección de
armas de fuego la responsable por este descenso, más que las intervenciones indis
criminadas para mantener el orden. Harcourt (2001) va más allá y cuestiona el
pretendido vínculo causal entre desorden social y delincuencia. Este autor realizó
un análisis secundario de los datos presentados por Skogan en su libro %
%
(1990) y concluyó que no existe una relación causal entre desorden y
delincuencia. En su opinión, si los métodos de Bratton tuvieron un impacto no fue
por su énfasis en el mantenimiento del orden, sino por el elevado grado de vigilan
cia implícito en estas estrategias. Taylor (2001), aunque no evalúa los efectos de
intervenciones policiales, también ha concluido tras la realización de estudios
longitudinales examinando la tesis de los cristales rotos que el desorden no conduce
necesariamente a aumentos de la delincuencia.
Otros críticos destacan que el problema fundamental con estas técnicas policia
les es de tipo ético. Panzarella (1998) califica estas estrategias como “policía de
acoso” que incrementa de forma desproporcionada los poderes policiales y la posi
bilidad de abuso policial, un abuso que es sufrido de forma desproporcional por los
miembros de minorías étnicas y, en particular, por las personas de color. Un infor
me muy polémico de la ONG =
D
de 1998 subrayó la existencia
de vínculos entre las políticas policiales agresivas y la brutalidad policial en Nueva
York y otras ciudades, mientras que un informe similar de Amnistía Internacional
de 1996 también documentó un aumento en los niveles de brutalidad policial y uso
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excesivo de la fuerza por parte de oficiales de policía en Nueva York (Eck y Ma
guire, 2000). El criminólogo mallorquín afincado en Estados Unidos Pedro Mateu
Gilabert, en colaboración con Robert Davis, produjo un informe para el +
.
>
que claramente documentaba un aumento en quejas contra la policía y
alegaciones de brutalidad policial desde 1993. Sin embargo, Mateu Gilabert y
Davis también documentan como este aumento no fue generalizado y había distri
tos policiales en los que se observaba un descenso en la delincuencia sin que se
produjera un aumento en el número de quejas. Estos autores conluyen que aquellos
distritos en los que los mandos policiales eran serios en cuanto al control del abuso
policial, los residentes no tenían que elegir entre policía respetuosa y policía efecti
va.
Finalmente, hay críticos que sugieren que incluso si este tipo de estrategias es
eficaz a corto plazo, tiene una serie de consecuencias negativas que se manifiestas a
medio y largo plazo. Goldstein advierte que si las estrategias policiales agresivas
generan hostilidad en la comunidad llegará un momento en el que la policía tendrá
que tratar con las consecuencias de dicha hostilidad (citado por Eck y Maguire,
2000). Una consecuencia directa de este tipo de estrategias puede ser la erosión de
la legitimidad de la policía. Sherman (1997), por otro lado, destaca que la creación
de antecedentes policiales para un número más elevado de personas que cometen
delitos menores puede limitar su habilidad futura para participar de forma legítima
en el mercado laboral, dado los efectos negativos de estos antecedentes en la obten
ción de empleo.
Lo cierto es que, a pesar de las pomposas declaraciones de sus partidarios, es
muy difícil saber en qué medida este tipo de políticas son eficaces. Las mismas no
han sido evaluadas propiamente. En Nueva York, además de las políticas de man
tenimiento de orden, existieron otras intervenciones policiales que pudieron haber
jugado un mayor papel en la reducción de la delincuencia (
4 , un mayor
número de oficiales fue contratado, etc). Zimring (2006) considera que lo particu
larmente caracteristico del caso de Nueva York fue la adopción de un paquete
bastante comprensivo de reforma policial y estima que entre el 16% y el 32% del
descenso de la delincuencia en Nueva York puede ser atribuido a estas reformas
policiales. Eck y Maguire (2000) concluyen, tras revisar la literatura sobre la poli
cía de calidad de vida, que lo único que se puede afirmar con certeza es que es un
enfoque que ha generado una cantidad sustancial de criticas académicas y por parte
de ciertos activistas en la comunidad y que no ha sido evaluada conforme a los
cánones de las ciencias sociales y, por tanto, su eficacia no ha sido demostrada.
A pesar de ello la influencia de este modelo ha sido muy influyente. Pese a la
resistencia de académicos que precisamente acuñaron el término “policía de tole
rancia cero” para destacar sus dimensiones más negativas, en Inglaterra y Gales
esta tesis, con una clara resonancia moral puritana, ha tenido un gran impacto en la
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Políticas de seguridad ciudadana en el contexto urbano y prevención comunitaria…
02: 31
populista y cínica política criminal de la tercera vía de Tony Blair. Tanto Jack
Straw como sus sucesores al frente del =
!
convirtieron la guerra contra el
desorden social en uno de sus objetivos principales. La
%
de
1997 es testimonio de ello y, más recientemente, la
*
*
(2003), continúa y expande esta tendencia por medio de la concesión de nuevos
poderes a la policía y a las autoridades locales para combatir el desorden social. La
clase política deliberadamente reguló estas medidas como medidas civiles, para
evitar las garantías inherentes al proceso penal, a pesar de que las mismas efecti
vamente criminalizan, con penas de hasta cuatro años de prisión, a quienes se
comportan de forma 'antisocial' (aquellas que incurren en comportamientos que
'pueden causar alarmas a terceros'). El auge de la teoría de los cristales rotos, así,
sirvió para generar apoyo a una serie de medidas legales orientadas a restringir el
uso de espacios públicos y a limitar la libertad de movimiento y actuación de todos
aquellos cuya presencia pudiera generar 'alarma social' por medio de su criminali
zación (Beckett y Herbert, 2008). Significan así, un renacimiento de los principios
de las antiguas leyes de peligrosidad social.
Belina y Helms (2003) sugieren que la popularidad de este modelo entre algunos
sectores políticos y comerciales puede ser mejor entendida si pensamos sobre la
policía de tolerancia cero no solamente como una medida de prevención del delito,
sino como una herramienta en la competición económica y turística interurbana.
Belina y Helms plantean que, sobre todo para viejas ciudades industriales, es fun
damental ofrecer una imagen de seguridad y limpieza como parte de su capacidad
competitiva y de promoción de imagen.
2.
/
:/ - $
(
Otro tipo de políticas que captura el espíritu de la sociedad del control lo consti
tuye el apoyo a las medidas de video vigilancia. El empleo de cámaras de vigilan
cia enlazadas con circuitos cerrados de televisión (CCTV) se ha convertido en una
tecnología de control que sirve numerosas funciones hoy en día tanto en espacios
privados como públicos. La vídeo vigilancia es conceptualizada por Clarke como
una herramienta de prevención situacional que sirve para incrementar el nivel de
vigilancia formal y, por tanto, tiene un papel disuasorio al aumentar la percepción
subjetiva de los delincuentes de que pueden ser identificados y detenidos. La vídeo
vigilancia, se plantea, puede aumentar la probabilidad de identificación y deten
ción, puede aumentar el nivel de seguridad ciudadana y, en ese sentido, fomentar el
uso de los espacios vídeo vigilados, puede actuar como un recordatorio al ciudada
no de que es preciso tomar precauciones adicionales frente al delito, y puede ser
empleado por la policía y el personal de seguridad privado a aquellos espacios
donde su intervención es requerida (Welsh y Farrington, 2003b). En este sentido, la
RECPC 12 02 (2010)
https://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12 02.pdf
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Juanjo Medina
video vigilancia en teoría sirve para extender la visión de la policía y del personal
de seguridad privado.
Aunque sería posible tratar el tema de la vídeo vigilancia al examinar el para
digma de prevención situacional, lo que aquí nos interesa es su uso masivo como
un instrumento de prevención comunitaria del delito. En el Reino Unido, se ha
producido una expansión masiva en el uso de las cámaras de vigilancia ligadas a
circuitos cerrados de televisión para la prevención del delito en espacios públicos,
sobre todo, en los distritos comerciales y de entretenimiento del centro de las ciu
dades (Norris y Armstrong, 1999). En este país es la intervención preventiva que
recibe una financiación más generosa por parte del gobierno. Entre 1999 y el 2001,
el gobierno británico facilitó unos 170 millones de libras para la instalación de
sistemas de video vigilancia en los centros de las ciudades, aparcamientos y áreas
con altas tasas de delito (Welsh y Farrington, 2003). Koch (1998) señala como en
años anteriores el presupuesto dedicado a este tipo de intervenciones venía a repre
sentar aproximadamente tres cuartos del total del presupuesto dedicado a la preven
ción del delito por parte del =
!
. De acuerdo con Armitage (2002), el
número de cámaras ha pasado de 100 en 1994 a 400 en 1994, 5,200 en 1997 y unas
40,000 en el 2002.
A pesar de la expansión masiva de este tipo de programas todavía sabemos muy
poco sobre su efectividad. La apuesta del gobierno británico por este tipo de inter
vención estaba basada en un puñado de estudios que presentaban en apariencia
resultados positivos, pero que no empleaban grupos de control, se limitaban a
observar diferencias entre el periodo anterior y el posterior a la implementación de
la vídeo vigilancia, no siempre eran realizados con unos niveles apropiados de
competencia profesional y, en general, eran evaluaciones realizadas por investiga
dores con vínculos al =
!
y, por lo tanto, no eran evaluaciones indepen
dientes (Welsh y Farrington, 2003).
Welsh y Farrington (2002) realizaron una revisión sistemática de la literatura pa
ra el =
!
orientada a evaluar la efectividad de este tipo de intervenciones,
así como un meta análisis de las mismas. Welsh y Farrington (2002) sólo incluye
ron en esta revisión aquellos estudios que reunían un mínimo de criterios: la vídeo
vigilancia era el objeto de la intervención, se medían los niveles del delito antes y
después de la intervención, el diseño tenía la suficiente calidad e incluía un área de
control y un área experimental, el número de delitos en cada área antes de la inter
vención era al menos de 20. Esta revisión pudo encontrar 22 estudios que reunían
estos criterios y que empleaban la vídeo vigilancia en el centro de las ciudades o
urbanizaciones de viviendas públicas, aparcamientos o transportes públicos. De los
22 estudios, la mitad (11) encontraron que la delincuencia se había visto reducida
como resultado de la vídeo vigilancia, mientras que cinco estudios encontraron que
la delincuencia había aumentado, otros cinco estudios no encontraron diferencias
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significativas y los resultados de un estudio aunque sugerían una reducción no eran
del todo claros. Estos autores también documentaban como los estudios que no
reunían sus criterios de rigor metodológico y que, por tanto fueron excluidos de la
revisión, ofrecían en general resultados más positivos, lo que en su opinión desta
caba la necesidad de subrayar el rigor metodológico de la evaluación de medidas
preventivas.
Welsh y Farringon (2002) procedieron a realizar un meta análisis de los 18 estu
dios que ofrecían suficiente información como para realizar este tipo de análisis
estadísticos. Los resultados del meta análisis sugerían que la vídeo vigilancia
servía para reducir la delincuencia, pero que el nivel de reducción de la delincuen
cia era muy bajo, aproximadamente del 4%. La mitad de estos estudios ofrecían
resultados positivos, mientras que la otra mitad no. Curiosamente, todos los estu
dios que ofrecían resultados positivos procedían del Reino Unido, mientras que los
cinco estudios norteamericanos ofrecían resultados negativos. El meta análisis
también sugería que los efectos de la vídeo vigilancia eran nulos en los delitos
violentos, pero tenían un efecto positivo en la reducción de delitos contra vehícu
los. La video vigilancia tenía un efecto particularmente en el centro de las ciudades
y en zonas residenciales (aproximadamente del 2% en el Reino Unido y ningún
efecto en Estados Unidos). La evidencia sobre la efectividad de la vídeo vigilancia
en sistemas de transporte público era menos clara, mientras que los efectos más
impactantes se producían en los aparcamientos, donde la vídeo vigilancia servía
para reducir la delincuencia por un 41% (aunque en los estudios que examinaban
estos contextos también se empleaban otras medidas de seguridad d forma conjunta
y sólo se medían los delitos contra los vehículos). Aunque Welsh y Farrington
(2002) en sus conclusiones tan solo realizan sugerencias generales sobre la necesi
dad de más estudios y el uso apropiado de estas técnicas, no podemos olvidar que
era una publicación del =
!
, por lo demás bastante acostumbrado a censu
rar conclusiones demasiado negativas en sus propias publicaciones. Pero lo cierto
es que este tipo de resultados constituyen en el mejor de los casos una justificación
muy débil para el tipo de respaldo económico proporcionado a este tipo de progra
mas (al margen de su empleo en contextos específicos como los aparcamientos). Ni
que decir tiene que al margen de los problemas sobre su efectividad existen interro
gantes sobre la justificación ética de este tipo de intervención un tanto Orwelliana.
V.
En este ensayo se puede ver como el protagonismo a la hora de pensar en políti
cas de seguridad en el ámbito urbano ha ido cambiando entre distintos modelos de
intervención. Aunque la clasificación de estas políticas, siguiendo por ejemplo a
autores como Garland, en políticas más propias del Estado del Bienestar y aquellas
de la sociedad del control resultan útiles simplificaciones, en el fondo no dejan de
RECPC 12 02 (2010)
https://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12 02.pdf
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Juanjo Medina
ser simplificaciones que ocultan una realidad generalmente más compleja. Aunque
es bien cierto que durante los últimos 15 años hemos asistido a una reconfiguración
de las respuestas al comportamiento delictivo en el ámbito urbano que ha supuesto
una reducción en el nivel de tolerancia hacia el comportamiento desviado y una
intensificación de los mecanismos de control algo que incluso se ha podido obser
var en lo que se denomina la ‘criminalización de la política social’, esto es, la
subversión de la política social a objetivos y mecanismos de actuación político
criminales. Lo cierto es que también es posible observar una cierta supervivencia
de esquemas y programas auspiciados durante el desarrollo del estado del bienestar.
Así, por ejemplo, Sure Start, la política social más ambiciosa del partido laborista
británico, constituye la expansión a nivel nacional de algunos de los experimentos
realizados durante la Guerra a la Pobreza norteamericana para favorecer el desarro
llo familiar y personal de los niños de familias pobres. Conviene también recordar
que las experiencias aquí descritas son aquellas de los Estados Unidos e Inglaterra
y Gales. La historia de las políticas de seguridad ciudadana en el marco de las
ciudades españolas es una historia que aun está por narrar.
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