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mariano melendo

Universidad de Navarra, Derecho, Adjunct

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Ingresé por oposición en el Notariado en el año 1993; he sido Notario en Palas de Rei (Lugo), en Villafranca (Navarra) y Cascante (Navarra); desde 2006 soy Notario de Beasain. Además estoy colegiado como Abogado No Ejerciente en el Colegio de Abogados de Pamplona.
Actividad docente: soy colaborador docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra en la asignatura de Trabajo de Fin de Grado en el área de Derecho Privado. Desde hace varios años, además, preparo opositores a los cuerpos de Notarios y Registradores de la Propiedad.
Actividad corporativa: he sido Secretario de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Pamplona (hoy Navarra). En la actualidad colaboro comentando sentencias con el grupo de jurisprudencia del SIC (Servicio de Intranet del Consejo General del Notariado).
Publicaciones: he publicado artículos sobre materias jurídicas en la página web Notarios y Registradores y en el Boletín de Información del Colegio Notarial de Granada y en revistas locales. He colaborado en la obra colectiva Nueva legislación Notarial Comentada editada por el Colegio Notarial de Madrid en el año 2007.
Recientemente he obtenido la "Venia Docendi" de la Universidad del País Vasco por mi colaboración en las prácticas externas de sus alumnos.
En el curso 2023-2024 he intervenido como profesor invitado en el Master de la Universidad de Navarra sobre "derecho de Familia".
Supervisors: COLEGIO NOTARIAL DEL PAIS VASCO

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Drafts by mariano melendo

STS 1621-2021 CLAUSULA SUELO TRANSACCIÓN

SIC NOTARIADO, 2021

Aplicación del principio de trasparencia. Alcance de la renuncia de acciones: en la medida en que... more

"TRIBULACIONES DE PERSONAS NORMALES" PRIMERA PARTE : LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA

Tomada la decisión de constituir una sociedad limitada los futuros socios se reunieron en el desp... more Tomada la decisión de constituir una sociedad limitada los futuros socios se reunieron en el despacho del abogado don Triboniano, reputado mercantilista, que habían contratado para que les asesorase en la constitución de dicha sociedad y procedieron a consultarle acerca de diversos extremos y dudas relacionados con tal asunto.

STS 4182-2020 IIVTNU

NOTARIADO-SIC JURISPRUDENCIA, 2021

Fijación de criterios interpretativos en el IIVTNU por el TS. • Fuente/Ógano: Tribunal Supremo • ... more Fijación de criterios interpretativos en el IIVTNU por el TS. • Fuente/Ógano: Tribunal Supremo • Autor/Ponente: JESUS CUDERO BLAS Es contraria a Derecho, ya que implica carácter confiscatorio, una liquidación del IIVTNU que establezca una cuota que coincida con el incremento de valor derivado de la transmisión del terreno, absorbiendo la totalidad de la riqueza gravable. • Notas generales/Resumen: Destacamos en esta sentencia los siguientes puntos: 1.-Posición del TS sobre el IIVTNU tras la STC 59/2007. Se sintetiza como sigue: a) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL son solo parcialmente inconstitucionales y nulos. Y es que son constitucionales en todos aquellos supuestos en los que el obligado no logre acreditar que la transmisión de los terrenos no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor. b) El artículo 110.4 del TRLHL, adolece de inconstitucionalidad y nulidad total, y ello porque no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene; y, dada tal nulidad, declara el TS que puede el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor. c) Demostrada la inexistencia de ese incremento, prosigue el TS, no procederá la liquidación del impuesto; en caso contrario, habrá de girarse la correspondiente liquidación. d) Sobre carga de la prueba sobre la inexistencia de plusvalía: al respecto indica el TS que es su criterio reiterado lo siguiente: 1.-Que debe el obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno. 2.-Que para ello podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas, o bien optar por una prueba pericial o, emplear cualquier otro medio probatorio. 3) Que aportada la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones, si bien contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por tal Administración, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa tanto en vía administrativa como en sede judicial. e) Sobre valor de la escritura como medio probatorio y desplazamiento del "onus probandi":

STS 1577-2020 RETORNO COOPERATIVO

SIC NOTARIADO.- GRUPO DE JURISPRUDENCIA , 2020

El capital social en las cooperativas es de configuración secundaria; derecho de puerta abierta d... more El capital social en las cooperativas es de configuración secundaria; derecho de puerta abierta del socio cooperativista. El derecho de reembolso supone la extinción sobrevenida de la relación jurídica que unía al socio con la cooperativa.

Se aplica por el TS español la ley especial de la Comunidad Autónoma de Castilla y león

EJERCICIO DE FIN DE GRADO PARA LOS ALUMNOS DE DERECHO PRIVADO

EJERCICIO FIN DE GRADO, 2018

EJERCICIO A RESOLVER POR LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA DE FIN DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARR... more

"PROBLEMAS QUE APRISIONAN COMO UNA RED DE SERPIENTES"

ejercicio para los alumnos en trabajo de fin de grado unav-derecho privado, 2019

EJERCICIO PARA QUE SE PREPARE Y DEFIENDA POR LOS ALUMNOS DE DERECHO PRIVADO EN LA ASIGNATURA "TRA... more

STS 1543 2020 INTERPRETACION CONTRATOS.

CRITERIO DEL TS SOBRE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS. REITERA JURISPRUDENCIA. PRONUNCIAMIENTOS SOBRE... more

STS 1460 2020 RETRACTO ARRENDATICIO.

Acción de retracto del artículo 25 LAU. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:ANTONIO ... more Acción de retracto del artículo 25 LAU. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:ANTONIO SALAS CARCELLER La enajenación de una mitad indivisa de un usufructo no extingue el derecho de arrendamiento y por tanto cabe el retracto arrendaticio. El no ser la arrendataria la ocupante única y total de la finca no le priva tampoco del citado derecho. • Notas generales/Resumen:Se ejercita por la persona demandante la acción de retracto ex art.25 LAU, fundamentándola en el hecho de que, (si bien, además, es nuda propietaria de la mitad indivisa de las dos fincas arrendadas), tiene la cualidad de arrendataria de la totalidad de ambas al haber formalizado en 2010 un contrato de arrendamiento por 40 años con su abuela, doña B, quien era usufructuaria de ambos inmuebles, (que vienen siendo ocupados por la arrendataria demandante hasta hoy). Hay que indicar que, por contrato de 2011, dicha abuela doña B vendió el 50% del usufructo a su propia hija doña C, (a la sazón cotitular de la nuda propiedad de la otra mitad de las fincas arrendadas), la cual, a su vez, vendió a favor de la sociedad demandada, el pleno dominio de ambas mitades indivisas de las dos fincas, de lo que la arrendataria, (y cotitular de la nuda propiedad, como hemos dicho), tuvo conocimiento en febrero de 2015, sin que se le diese oportunidad de ejercitar el derecho de adquisición preferente ni se le facilitase los datos y precio de la citada compraventa, por lo que reclama ahora subrogarse en la posición de la entidad compradora. Dicha entidad demandada se opuso alegando que la transmisión de las fincas se produjo haciendo constar que estaban libres de arrendamiento; también alegó que la demandante no ostentaba la condición de arrendataria de las fincas en la fecha en que se produjo la venta porque no ocupaba efectivamente las mismas ni pagaba renta. El juzgado de 1ª instancia desestimó la demanda. Recurrida tal sentencia en apelación, la AP de Las Palmas de Gran Canaria estima el recurso y la demanda sobre la base de que cuando, (durante el arrendamiento), se produjo la transmisión del 50% del usufructo, no se extinguió tal derecho de arrendamiento, por lo que el citado contrato de arrendamiento permanecía vigente en el momento de la venta y, en consecuencia, la demandante conservaba su derecho de adquisición preferente. Interpuesto recuso de casación por la entidad compradora, el TS señala que la sentencia recurrida no resuelve de forma contraria a lo dispuesto en los artículos 1548 y 348 CC y jurisprudencia que los aplica, pues, simplemente, atiende a la subsistencia del contrato de arrendamiento que es lo que legitima a la demandante para ejercitar el derecho de retracto que le corresponde, aunque únicamente lo haya ejercitado en su

STC40-2020 EMPLAZAMIENTO PERSONAL.

Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios. El primer emplazamiento judicial al deu... more Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios. El primer emplazamiento judicial al deudor debe ser personal y en papel, no por notificación electrónica. Reitera jurisprudencia. Un Banco promovió varias demandas ejecutivas por el impago de ciertos préstamos hipotecarios contra determinada mercantil. El emplazamiento de la parte demandada con requerimiento de pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva en el plazo de diez días (ex art. 556.1 LEC), se realizó por los juzgados competentes a través del servicio de notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la FNMT. Este servicio dejó un aviso en el buzón virtual respectivo informando a la demandada que tenía notificaciones del juzgado y el número de procedimiento, sin más datos, debiendo seleccionar un enlace a una dirección electrónica que se especificaba para así poder acceder a su contenido. Se señaló como plazo para la consulta el de un mes y medio, plazo que no guardaba concordancia con la normativa procesal aplicable. La parte demandada entendió que el plazo de diez días para formular oposición corría desde que accedió al contenido de la notificación electrónica; tal confusión motivo que, cuando se opuso a la ejecución, el juzgado decretase la inadmisión por presentación extemporánea de los escritos de oposición; lo cual es el motivo del recurso de amparo que da lugar a la sentencia que comentamos. El TC resuelve el asunto acudiendo, entre otras, a su STC 47/2019, de 8 de abril, en la que proclamó la exigibilidad de que el primer emplazamiento judicial del demandado o ejecutado se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación correspondiente, con base en el art. 273.4 LEC, norma que complementa el art. 155 LEC, al obligar a su vez a la parte actora a presentar en papel las copias de los escritos y documentos para la primera citación o emplazamiento, y recuerda que dicha doctrina constitucional es aplicable en procesos laborales, civiles y concursales. En consecuencia, recuerda el TC, el incumplimiento de este deber de emplazamiento personal y su realización alternativa por vía electrónica con base en normas ajenas, (tales como las que regulan el régimen de notificaciones en procedimientos no judiciales), provoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) del recurrente (art. 24 CE) tanto en su vertiente de acceso al proceso como en la vertiente de derecho a no padecer indefensión; y por tanto estima la demanda de amparo lo que trae consigo la nulidad de los autos recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó al emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, ordenando el TC la retroacción de las actuaciones para que se proceda a dicho emplazamiento en los términos exigidos por la ley. (MMM)

STC 40-2020 Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios.

El primer emplazamiento judicial al deudor debe ser personal y en papel, no por notificación elec... more

STC 17-2020 454BIS LEC

Inconstitucionalidad del art. 454 bis 1 LEC. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ... more Inconstitucionalidad del art. 454 bis 1 LEC. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por denegar el recurso de revisión contra un decreto del letrado de la administración de justicia. No se puede crear un régimen de impugnación que genere un espacio inmune al control jurisdiccional. El TC declara (o mejor, reitera) inconstitucional el art. 454 bis.1 LEC, (en la redacción dada por la Ley 37/2011), por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su faceta de derecho de acceso al recurso; dicho precepto establece la prohibición del recurso de revisión-o de cualquier otro-contra los decretos no definitivos del letrado de la administración de justicia; en concreto el artículo dispone: "Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella". Para el TC, con esta redacción, asistimos, como se ha dicho, a una efectiva vulneración del derecho de acceso al recurso, que forma parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. El TC invoca y sigue su reciente sentencia 15/2020, de 28 de enero, que ya declaró la inconstitucionalidad y nulidad del mismo artículo citado (art. 454, bis.1, párrafo 1º LEC), puesto que, en definitiva, al crear un régimen especial de impugnación de las decisiones de los letrados de la administración de justicia lo que hace es generar un espacio inmune al control jurisdiccional que supone una efectiva vulneración del citado derecho a la tutela judicial efectiva. Además, el TC también señala que tal declaración de inconstitucionalidad contenida en la previa sentencia 15/2020, de 28 de enero, es aplicable al asunto tratado en este recurso, aunque fuese un proceso de amparo en curso, puesto que, para estimar la demanda de amparo, no obsta que se trate de una declaración de inconstitucionalidad sobrevenida, pues, como exige la propia doctrina del TC, (vid. STC 125/2019, de 31 de octubre), no solo se encuentra afectado en este caso el mismo precepto legal, sino que las razones constitucionales que fundamentan la declaración de inconstitucionalidad afectan a preceptos de la Constitución susceptibles de amparo, de tal modo que si las resoluciones impugnadas en el nuevo proceso en curso aplican la misma normativa provocan y materializan la misma vulneración del derecho que se apreció en la norma en la que tenían su origen. Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad y la estimación de la demanda de amparo, provoca la nulidad de las dos resoluciones judiciales impugnadas, y la retroacción de las actuaciones del procedimiento de ejecución de títulos judiciales al momento inmediatamente anterior al de haberse dictado la providencia que motivó el recurso para que el órgano judicial provea al recurso de revisión formalizado por la ejecutante contra el decreto del letrado de la administración de justicia en términos que resulten respetuosos con el derecho fundamental reconocido. (MMM).

LEC: forma de la primera citación o emplazamiento a persona jurídica. La comunicación al demandad... more LEC: forma de la primera citación o emplazamiento a persona jurídica. La comunicación al demandado persona jurídica no personado en el procedimiento, en cuanto a su citación o emplazamiento, no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos, sino que (ex art.155.LEC) se hará por remisión al domicilio de los litigantes. El recurso de amparo que comentamos tiene por objeto la impugnación de un auto de un Juzgado de 1ª Instancia el cual desestimó la solicitud de nulidad formulada por la mercantil recurrente en un juicio verbal de desahucio. Dicha entidad recurrente consideró vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, pues, al no ser emplazada en la forma prescrita en la normativa procesal aplicable para el primer emplazamiento o citación a juicio, sino por vía electrónica, (mediante el servicio de notificaciones electrónicas), sufrió indefensión. Se opuso la parte contraria alegando que la no recepción de los actos de citación era imputable a una falta de diligencia de la recurrente. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó la estimación de la demanda de amparo. Entrando en el asunto, el TC se apoya en su sentencia 47/2019, de 8 de abril, en la que ya consideró que si bien la LEC impone a las personas jurídicas la obligación general de comunicarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos, el régimen jurídico específicamente aplicable al primer emplazamiento es el del art. 155.1, 2 y 3 LEC y el del art. 273.4, párr.2 de la misma LEC, de los que resulta: a) la "remisión al domicilio de los litigantes", quedando establecida de forma específica la obligación de hacer constar en la demanda o en la petición o solicitud de inicio del proceso "el domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de este" (art. 155.1 y 2 LEC); b) la obligación de presentar en papel "los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado" (art. 273.4, párrafo 2, LEC). Pues bien, con base en lo indicado, el TC concluyó en dicha sentencia 47/2019 que no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto a los actos de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en el art. 155.1 LEC, los cuales se harán por remisión, como se ha dicho, al domicilio de los litigantes. Además, también señaló el TC, el hecho de que, por imperativo legal, los sujetos del art. 273.3 LEC, (que regula la obligación de la personas jurídicas-también, entre otros de los Notarios-de relacionarse con la administración de justicia de forma telemática), tengan que actuar en el proceso sirviéndose de vías tecnológicas y que ello dé lugar a que los actos de comunicación también se deban practicar por medios electrónicos, no autoriza a entender, (con fundamento en ese deber de relacionarse con la justicia por medios telemáticos), que esas personas y entidades queden constreñidos, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a través de tales medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal especialmente prevista, (sin distinción de supuestos o sujetos), para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado. Y esa doctrina constitucional debe aplicarse al caso que motiva este recurso de amparo, de manera que, concluye el TC, el Juzgado de 1ª Instancia debería haber efectuado la primera citación o emplazamiento de la empresa, aún no personada en el juicio verbal de desahucio, por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio designado por la demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos a través de la dirección electrónica habilitada. En consecuencia, el TC declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante y estima su recurso de amparo. (MMM)

STC 20-2020 EXTREMADURA.

Inconstitucionalidad del art. 11.3.1 b), p. 2º, Ley 15/2001 de Extremadura. La previa expulsión d... more Inconstitucionalidad del art. 11.3.1 b), p. 2º, Ley 15/2001 de Extremadura. La previa expulsión del ordenamiento de una norma ya declarada inconstitucional determina la extinción de una nueva cuestión de inconstitucionalidad respecto de la misma por pérdida sobrevenida de objeto al haber quedado disipada la duda planteada. La Sala de lo CA del TSJ de Extremadura planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura, (redacción por Ley 9/2011 de 29 de marzo), y sobre la disposición adicional única de esta ley. Consideró que dichos preceptos podrían incurrir en inconstitucionalidad mediata o indirecta por ser contrarios a preceptos estatales dictados al amparo del art. 149.1.1, 13, 18 y 23 CE sosteniendo, además, que habían sido aprobados para eludir el cumplimiento de determinadas sentencias recaídas en el proceso de origen. En concreto, el art. 11 impugnado establece qué tipo de terrenos deberán adscribirse al suelo no urbanizable, entre los que incluye aquellos en los que concurran valores "de carácter ambiental, natural y paisajístico"; y es en la delimitación de la categoría de "suelo no urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno" donde se inserta el párrafo cuestionado, que dispone: "(…) La mera inclusión de unos terrenos en la red ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental (…)." Por su parte, la disposición adicional única, también impugnada, establece un sistema de "homologación" que busca coordinar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor a la nueva redacción de la Ley 15/2001 de Extremadura mediante un procedimiento que permita a las diferentes administraciones competentes homologar dichos instrumentos al nuevo párrafo. El TC se pronuncia en el sentido siguiente: a) La cuestión de inconstitucionalidad se refiere a una norma-art. 11.3.1 b), párrafo segundo, Ley 15/2001 de Extremadura-que ya ha sido declarada inconstitucional y nula por la STC 134/2019 de 13 noviembre; debe aplicarse por tanto el criterio de que, (conforme a reiterada doctrina del TC), la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma determina la extinción de la cuestión, por pérdida sobrevenida de objeto, al haber quedado disipada la duda planteada. b) Además, señala el TC, que ya por otras sentencias previas dictadas por dicho tribunal se había desestimado la impugnación de la disposición adicional única cuestionada. Por tanto, y con base de nuevo en su doctrina reiterada, procede desestimar esta otra impugnación. Y,en consecuencia, y en atención a lo expuesto, el TC declara en esta sentencia extinguida, por pérdida sobrevenida del objeto, la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el citado art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre de Extremadura y desestima la cuestión en todo lo demás. (MMM).

STS 4196-2019 CUADRO FALSO.001 doc

Dies a quo para el cómputo del plazo de la acción de anulación. Acción de nulidad por error vicio... more Dies a quo para el cómputo del plazo de la acción de anulación. Acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la compra de un cuadro adquirido en una subasta. Es en el momento de la compra cuando se consuma el contrato empezando a correr desde el mismo el plazo de la acción de anulación. El asunto recae en el ejercicio por un coleccionista de arte de una acción de nulidad por error vicio del consentimiento al comprar el cuadro "Gitana", (fechado en 1904 y firmado por el pintor Isidro Nonell), en una subasta realizada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Dicha subasta fue en 1999 y la acción se ejercita en 2015. El juzgado de instancia entendió que había transcurrido el plazo de ejercicio de la acción y desestimó la demanda. La AP de Madrid, (que admitió como hecho probado que el cuadro no fue pintado por Isidro Nonell, tratándose de una imitación efectuada por un autor desconocido), consideró, por el contrario, que la acción se ejerció dentro de plazo, porque, a su juicio, los cuatro años de la acción de anulación del art. 1301 CC deben computarse a partir del momento en que el comprador conoce la falta de autenticidad del cuadro, lo que en el caso sucedió en 2014, cuando decidió venderlo y la galería de arte a la que se dirigió le exigió un certificado de autenticidad y se comprobó que la obra contenía unos pigmentos que se descubrieron y comercializaron para las artes gráficas después del fallecimiento del autor al que se le había atribuido la autoría. La Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid recurre ante el TS denunciando infracción del art. 1301 CC. En su escrito de oposición al recurso, el demandante (ahora recurrido) plantea que lo que él ejercitó era una acción de error obstativo, pues quería comprar un "Nonell", (importante y cotizado pintor de finales del siglo XIX), y compró una falsificación, por lo que hubo falta absoluta de consentimiento, lo que daría lugar a la nulidad absoluta, que puede ser alegada en cualquier momento. Señala el TS que no existe tal error en la declaración, y que no cabe duda que la acción ejercitada fue la de anulación del contrato por error del consentimiento, sin que en la demanda originaria aparezca alusión alguna al error obstativo; y, recuerda el TS, que fue en su escrito de apelación donde el actor pretendió modificar su acción, lo que ya no era posible. Por lo tanto, para el TS, la cuestión jurídica que se plantea en el recurso de casación es, simplemente, la relativa al "dies a quo" a partir del cual empieza a correr el plazo de la acción de anulación, y señala lo siguiente: 1).-Que el contrato celebrado por las partes es de tracto único y de consumación instantánea. El 14-12-1999 el actor pujó por un cuadro y el 21 de diciembre de ese año pagó el precio y se le entregó el cuadro. Fue en ese momento cuando se consumó el contrato y empezó a correr el plazo de la acción de anulación. 2).-Que no cabe atender las alegaciones del recurrido de que ejercitó una acción de nulidad radical y que sostiene que no hubo consumación del contrato hasta que no descubrió que el cuadro era falso. Para el TS esa interpretación fuerza el concepto de consumación del contrato y vacía de contenido el régimen de los vicios del consentimiento, tratando, en realidad, el recurrido de cambiar la acción ejercitada. 3).-Que tal acción ejercitada fue la de anulación por error, sin que se acumularan eventualmente otras. 4).-Y que al no entenderlo así la sentencia de la AP debe ser casada la misma, estimándose el recurso y confirmando la sentencia de instancia. (MMM).

STS 600-2020 CREDITO REVOLVING

Determinación del interés usurario en tarjetas de crédito revolving. El interés de referencia a t... more Determinación del interés usurario en tarjetas de crédito revolving. El interés de referencia a tomar como interés normal del dinero en estos contratos es el tipo medio aplicado a los créditos del tipo tarjetas de crédito y revolving; además el juzgador, dada la indeterminación legal, debe actuar ponderadamente. Se interpuso una demanda contra un banco en la que se alegó que en un contrato de tarjeta de crédito se fijó un tipo de interés inicial para pagos aplazados y disposiciones a crédito del 26,82 % TAE, solicitando que se declarase la nulidad del contrato por ser usurario tal interés. El banco alegó que el interés no era usurario puesto que no era notablemente superior al tipo de interés habitual en el mercado de tales tarjetas. El Juzgado de 1ª instancia estimó la demanda e, interpuesto recurso, la AP de Santander lo desestimó. El banco recurrió en casación denunciando infracción del art. 1 de la Ley de Usura. Entrando en el asunto, señala el TS: 1).-Que para determinar la referencia "interés normal del dinero" y poder valorar si el interés cuestionado es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés en el momento de celebración del contrato correspondiente a la categoría de la operación crediticia cuestionada; y si existen categorías más específicas, (como sucede en este caso), deberá utilizarse tal categoría más específica. 2).-Que, para el TS, en este caso, la referencia "interés normal del dinero" es el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y "revolving", publicado oficialmente por el Banco de España. 3).-Que, por tanto, la TAE del 26,82% del crédito "revolving" cuestionado ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y "revolving" del Banco de España que está fijado estadísticamente en un poco por encima al 20%. 4).-Que el art. 1 de la Ley de Usura de 1908 emplea términos indeterminados como son los de interés "notablemente superior al normal del dinero" y "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso"; de tal forma que esta indeterminación obliga al juzgador a realizar una labor de ponderación. 5).-Que ese índice, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado y que cuanto más elevado es el índice de referencia menos margen hay para incrementar el precio del crédito sin incurrir en usura. 6).-Que, por tanto, una diferencia como la de este caso ha de considerarse "notablemente superior" al tipo referencial. 7).-Que han de tomarse en cuenta otros aspectos de estas operaciones como: a) que van destinadas a personas que no pueden acceder a otros créditos menos gravosos; b) las propias peculiaridades de estos créditos en que su límite se va recomponiendo constantemente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el deudor sigue pagando las cuotas hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un "deudor cautivo". 8).-Que ya la STS 628/2015, de 25-nov, indicó que no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos de este tipo de operaciones. 9).-Que de todo lo indicado resulta que una elevación respecto del tipo de interés medio ("interés normal del dinero"), de las proporciones concurrentes en este caso determina el carácter usurario de la operación y por lo tanto el TS procede a desestimar el recurso. (MMM)

Papers by mariano melendo

Validez de la cláusula suelo en préstamo con no consumidor

SIC NOTARIADO-CLAUSULAS ABUSIVAS, 2021

Según el TS español, en la contratación con condiciones generales, si el adherente no tiene la co... more

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. • Fuente/Organo:Tribunal Constitucional • Autor/Ponente:ALFREDO MONTOYA MELGAR

SIC-NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

El TC de España estima que la resolución impugnada impide el control judicial de una diligencia d... more

Recurso contra la Ley 9/2017 de contratos del sector público

Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2017 de contratos del sector público, 2021

El TC estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por la C.A. de Aragón y de... more

Acción de saneamiento por evicción tras una reivindicatoria desestimada

SIC-JURISPRUDENCIA- PRÁCTICA NOTARIAL , 2021

Se admite la acción de saneamiento por evicción si el comprador fue privado del objeto de la vent... more

Desistimiento de consumidor en contrato de corretaje inmobiliario

SIC-NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

Para que exista derecho de desistimiento, (aunque el contrato se haya ejecutado), es preciso que ... more

STS 1621-2021 CLAUSULA SUELO TRANSACCIÓN

SIC NOTARIADO, 2021

Aplicación del principio de trasparencia. Alcance de la renuncia de acciones: en la medida en que... more

"TRIBULACIONES DE PERSONAS NORMALES" PRIMERA PARTE : LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA

Tomada la decisión de constituir una sociedad limitada los futuros socios se reunieron en el desp... more Tomada la decisión de constituir una sociedad limitada los futuros socios se reunieron en el despacho del abogado don Triboniano, reputado mercantilista, que habían contratado para que les asesorase en la constitución de dicha sociedad y procedieron a consultarle acerca de diversos extremos y dudas relacionados con tal asunto.

STS 4182-2020 IIVTNU

NOTARIADO-SIC JURISPRUDENCIA, 2021

Fijación de criterios interpretativos en el IIVTNU por el TS. • Fuente/Ógano: Tribunal Supremo • ... more Fijación de criterios interpretativos en el IIVTNU por el TS. • Fuente/Ógano: Tribunal Supremo • Autor/Ponente: JESUS CUDERO BLAS Es contraria a Derecho, ya que implica carácter confiscatorio, una liquidación del IIVTNU que establezca una cuota que coincida con el incremento de valor derivado de la transmisión del terreno, absorbiendo la totalidad de la riqueza gravable. • Notas generales/Resumen: Destacamos en esta sentencia los siguientes puntos: 1.-Posición del TS sobre el IIVTNU tras la STC 59/2007. Se sintetiza como sigue: a) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL son solo parcialmente inconstitucionales y nulos. Y es que son constitucionales en todos aquellos supuestos en los que el obligado no logre acreditar que la transmisión de los terrenos no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor. b) El artículo 110.4 del TRLHL, adolece de inconstitucionalidad y nulidad total, y ello porque no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene; y, dada tal nulidad, declara el TS que puede el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor. c) Demostrada la inexistencia de ese incremento, prosigue el TS, no procederá la liquidación del impuesto; en caso contrario, habrá de girarse la correspondiente liquidación. d) Sobre carga de la prueba sobre la inexistencia de plusvalía: al respecto indica el TS que es su criterio reiterado lo siguiente: 1.-Que debe el obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno. 2.-Que para ello podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas, o bien optar por una prueba pericial o, emplear cualquier otro medio probatorio. 3) Que aportada la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones, si bien contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por tal Administración, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa tanto en vía administrativa como en sede judicial. e) Sobre valor de la escritura como medio probatorio y desplazamiento del "onus probandi":

STS 1577-2020 RETORNO COOPERATIVO

SIC NOTARIADO.- GRUPO DE JURISPRUDENCIA , 2020

El capital social en las cooperativas es de configuración secundaria; derecho de puerta abierta d... more El capital social en las cooperativas es de configuración secundaria; derecho de puerta abierta del socio cooperativista. El derecho de reembolso supone la extinción sobrevenida de la relación jurídica que unía al socio con la cooperativa.

Se aplica por el TS español la ley especial de la Comunidad Autónoma de Castilla y león

EJERCICIO DE FIN DE GRADO PARA LOS ALUMNOS DE DERECHO PRIVADO

EJERCICIO FIN DE GRADO, 2018

EJERCICIO A RESOLVER POR LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA DE FIN DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARR... more

"PROBLEMAS QUE APRISIONAN COMO UNA RED DE SERPIENTES"

ejercicio para los alumnos en trabajo de fin de grado unav-derecho privado, 2019

EJERCICIO PARA QUE SE PREPARE Y DEFIENDA POR LOS ALUMNOS DE DERECHO PRIVADO EN LA ASIGNATURA "TRA... more

STS 1543 2020 INTERPRETACION CONTRATOS.

CRITERIO DEL TS SOBRE INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS. REITERA JURISPRUDENCIA. PRONUNCIAMIENTOS SOBRE... more

STS 1460 2020 RETRACTO ARRENDATICIO.

Acción de retracto del artículo 25 LAU. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:ANTONIO ... more Acción de retracto del artículo 25 LAU. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:ANTONIO SALAS CARCELLER La enajenación de una mitad indivisa de un usufructo no extingue el derecho de arrendamiento y por tanto cabe el retracto arrendaticio. El no ser la arrendataria la ocupante única y total de la finca no le priva tampoco del citado derecho. • Notas generales/Resumen:Se ejercita por la persona demandante la acción de retracto ex art.25 LAU, fundamentándola en el hecho de que, (si bien, además, es nuda propietaria de la mitad indivisa de las dos fincas arrendadas), tiene la cualidad de arrendataria de la totalidad de ambas al haber formalizado en 2010 un contrato de arrendamiento por 40 años con su abuela, doña B, quien era usufructuaria de ambos inmuebles, (que vienen siendo ocupados por la arrendataria demandante hasta hoy). Hay que indicar que, por contrato de 2011, dicha abuela doña B vendió el 50% del usufructo a su propia hija doña C, (a la sazón cotitular de la nuda propiedad de la otra mitad de las fincas arrendadas), la cual, a su vez, vendió a favor de la sociedad demandada, el pleno dominio de ambas mitades indivisas de las dos fincas, de lo que la arrendataria, (y cotitular de la nuda propiedad, como hemos dicho), tuvo conocimiento en febrero de 2015, sin que se le diese oportunidad de ejercitar el derecho de adquisición preferente ni se le facilitase los datos y precio de la citada compraventa, por lo que reclama ahora subrogarse en la posición de la entidad compradora. Dicha entidad demandada se opuso alegando que la transmisión de las fincas se produjo haciendo constar que estaban libres de arrendamiento; también alegó que la demandante no ostentaba la condición de arrendataria de las fincas en la fecha en que se produjo la venta porque no ocupaba efectivamente las mismas ni pagaba renta. El juzgado de 1ª instancia desestimó la demanda. Recurrida tal sentencia en apelación, la AP de Las Palmas de Gran Canaria estima el recurso y la demanda sobre la base de que cuando, (durante el arrendamiento), se produjo la transmisión del 50% del usufructo, no se extinguió tal derecho de arrendamiento, por lo que el citado contrato de arrendamiento permanecía vigente en el momento de la venta y, en consecuencia, la demandante conservaba su derecho de adquisición preferente. Interpuesto recuso de casación por la entidad compradora, el TS señala que la sentencia recurrida no resuelve de forma contraria a lo dispuesto en los artículos 1548 y 348 CC y jurisprudencia que los aplica, pues, simplemente, atiende a la subsistencia del contrato de arrendamiento que es lo que legitima a la demandante para ejercitar el derecho de retracto que le corresponde, aunque únicamente lo haya ejercitado en su

STC40-2020 EMPLAZAMIENTO PERSONAL.

Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios. El primer emplazamiento judicial al deu... more Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios. El primer emplazamiento judicial al deudor debe ser personal y en papel, no por notificación electrónica. Reitera jurisprudencia. Un Banco promovió varias demandas ejecutivas por el impago de ciertos préstamos hipotecarios contra determinada mercantil. El emplazamiento de la parte demandada con requerimiento de pago y alternativo derecho a oponerse a la demanda ejecutiva en el plazo de diez días (ex art. 556.1 LEC), se realizó por los juzgados competentes a través del servicio de notificaciones electrónicas y de dirección electrónica habilitada de la FNMT. Este servicio dejó un aviso en el buzón virtual respectivo informando a la demandada que tenía notificaciones del juzgado y el número de procedimiento, sin más datos, debiendo seleccionar un enlace a una dirección electrónica que se especificaba para así poder acceder a su contenido. Se señaló como plazo para la consulta el de un mes y medio, plazo que no guardaba concordancia con la normativa procesal aplicable. La parte demandada entendió que el plazo de diez días para formular oposición corría desde que accedió al contenido de la notificación electrónica; tal confusión motivo que, cuando se opuso a la ejecución, el juzgado decretase la inadmisión por presentación extemporánea de los escritos de oposición; lo cual es el motivo del recurso de amparo que da lugar a la sentencia que comentamos. El TC resuelve el asunto acudiendo, entre otras, a su STC 47/2019, de 8 de abril, en la que proclamó la exigibilidad de que el primer emplazamiento judicial del demandado o ejecutado se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación correspondiente, con base en el art. 273.4 LEC, norma que complementa el art. 155 LEC, al obligar a su vez a la parte actora a presentar en papel las copias de los escritos y documentos para la primera citación o emplazamiento, y recuerda que dicha doctrina constitucional es aplicable en procesos laborales, civiles y concursales. En consecuencia, recuerda el TC, el incumplimiento de este deber de emplazamiento personal y su realización alternativa por vía electrónica con base en normas ajenas, (tales como las que regulan el régimen de notificaciones en procedimientos no judiciales), provoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) del recurrente (art. 24 CE) tanto en su vertiente de acceso al proceso como en la vertiente de derecho a no padecer indefensión; y por tanto estima la demanda de amparo lo que trae consigo la nulidad de los autos recurridos, así como de todo lo actuado en el procedimiento hipotecario a quo desde el momento en que se proveyó al emplazamiento a través de la dirección electrónica habilitada, ordenando el TC la retroacción de las actuaciones para que se proceda a dicho emplazamiento en los términos exigidos por la ley. (MMM)

STC 40-2020 Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios.

El primer emplazamiento judicial al deudor debe ser personal y en papel, no por notificación elec... more

STC 17-2020 454BIS LEC

Inconstitucionalidad del art. 454 bis 1 LEC. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ... more Inconstitucionalidad del art. 454 bis 1 LEC. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por denegar el recurso de revisión contra un decreto del letrado de la administración de justicia. No se puede crear un régimen de impugnación que genere un espacio inmune al control jurisdiccional. El TC declara (o mejor, reitera) inconstitucional el art. 454 bis.1 LEC, (en la redacción dada por la Ley 37/2011), por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su faceta de derecho de acceso al recurso; dicho precepto establece la prohibición del recurso de revisión-o de cualquier otro-contra los decretos no definitivos del letrado de la administración de justicia; en concreto el artículo dispone: "Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella". Para el TC, con esta redacción, asistimos, como se ha dicho, a una efectiva vulneración del derecho de acceso al recurso, que forma parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. El TC invoca y sigue su reciente sentencia 15/2020, de 28 de enero, que ya declaró la inconstitucionalidad y nulidad del mismo artículo citado (art. 454, bis.1, párrafo 1º LEC), puesto que, en definitiva, al crear un régimen especial de impugnación de las decisiones de los letrados de la administración de justicia lo que hace es generar un espacio inmune al control jurisdiccional que supone una efectiva vulneración del citado derecho a la tutela judicial efectiva. Además, el TC también señala que tal declaración de inconstitucionalidad contenida en la previa sentencia 15/2020, de 28 de enero, es aplicable al asunto tratado en este recurso, aunque fuese un proceso de amparo en curso, puesto que, para estimar la demanda de amparo, no obsta que se trate de una declaración de inconstitucionalidad sobrevenida, pues, como exige la propia doctrina del TC, (vid. STC 125/2019, de 31 de octubre), no solo se encuentra afectado en este caso el mismo precepto legal, sino que las razones constitucionales que fundamentan la declaración de inconstitucionalidad afectan a preceptos de la Constitución susceptibles de amparo, de tal modo que si las resoluciones impugnadas en el nuevo proceso en curso aplican la misma normativa provocan y materializan la misma vulneración del derecho que se apreció en la norma en la que tenían su origen. Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad y la estimación de la demanda de amparo, provoca la nulidad de las dos resoluciones judiciales impugnadas, y la retroacción de las actuaciones del procedimiento de ejecución de títulos judiciales al momento inmediatamente anterior al de haberse dictado la providencia que motivó el recurso para que el órgano judicial provea al recurso de revisión formalizado por la ejecutante contra el decreto del letrado de la administración de justicia en términos que resulten respetuosos con el derecho fundamental reconocido. (MMM).

LEC: forma de la primera citación o emplazamiento a persona jurídica. La comunicación al demandad... more LEC: forma de la primera citación o emplazamiento a persona jurídica. La comunicación al demandado persona jurídica no personado en el procedimiento, en cuanto a su citación o emplazamiento, no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos, sino que (ex art.155.LEC) se hará por remisión al domicilio de los litigantes. El recurso de amparo que comentamos tiene por objeto la impugnación de un auto de un Juzgado de 1ª Instancia el cual desestimó la solicitud de nulidad formulada por la mercantil recurrente en un juicio verbal de desahucio. Dicha entidad recurrente consideró vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al proceso, pues, al no ser emplazada en la forma prescrita en la normativa procesal aplicable para el primer emplazamiento o citación a juicio, sino por vía electrónica, (mediante el servicio de notificaciones electrónicas), sufrió indefensión. Se opuso la parte contraria alegando que la no recepción de los actos de citación era imputable a una falta de diligencia de la recurrente. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó la estimación de la demanda de amparo. Entrando en el asunto, el TC se apoya en su sentencia 47/2019, de 8 de abril, en la que ya consideró que si bien la LEC impone a las personas jurídicas la obligación general de comunicarse con la administración de justicia a través de medios electrónicos, el régimen jurídico específicamente aplicable al primer emplazamiento es el del art. 155.1, 2 y 3 LEC y el del art. 273.4, párr.2 de la misma LEC, de los que resulta: a) la "remisión al domicilio de los litigantes", quedando establecida de forma específica la obligación de hacer constar en la demanda o en la petición o solicitud de inicio del proceso "el domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de este" (art. 155.1 y 2 LEC); b) la obligación de presentar en papel "los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado" (art. 273.4, párrafo 2, LEC). Pues bien, con base en lo indicado, el TC concluyó en dicha sentencia 47/2019 que no se ha de llevar a cabo por medios electrónicos la comunicación al demandado aún no personado en el procedimiento, en cuanto a los actos de citación o emplazamiento, conforme a lo previsto en el art. 155.1 LEC, los cuales se harán por remisión, como se ha dicho, al domicilio de los litigantes. Además, también señaló el TC, el hecho de que, por imperativo legal, los sujetos del art. 273.3 LEC, (que regula la obligación de la personas jurídicas-también, entre otros de los Notarios-de relacionarse con la administración de justicia de forma telemática), tengan que actuar en el proceso sirviéndose de vías tecnológicas y que ello dé lugar a que los actos de comunicación también se deban practicar por medios electrónicos, no autoriza a entender, (con fundamento en ese deber de relacionarse con la justicia por medios telemáticos), que esas personas y entidades queden constreñidos, en cualquier caso y circunstancia, a recibir los actos de comunicación a través de tales medios, hasta el extremo de quedar neutralizada la regulación legal especialmente prevista, (sin distinción de supuestos o sujetos), para las primeras citaciones o emplazamientos del demandado. Y esa doctrina constitucional debe aplicarse al caso que motiva este recurso de amparo, de manera que, concluye el TC, el Juzgado de 1ª Instancia debería haber efectuado la primera citación o emplazamiento de la empresa, aún no personada en el juicio verbal de desahucio, por correo certificado con acuse de recibo en el domicilio designado por la demandante, en lugar de realizarla por medios telemáticos a través de la dirección electrónica habilitada. En consecuencia, el TC declara la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante y estima su recurso de amparo. (MMM)

STC 20-2020 EXTREMADURA.

Inconstitucionalidad del art. 11.3.1 b), p. 2º, Ley 15/2001 de Extremadura. La previa expulsión d... more Inconstitucionalidad del art. 11.3.1 b), p. 2º, Ley 15/2001 de Extremadura. La previa expulsión del ordenamiento de una norma ya declarada inconstitucional determina la extinción de una nueva cuestión de inconstitucionalidad respecto de la misma por pérdida sobrevenida de objeto al haber quedado disipada la duda planteada. La Sala de lo CA del TSJ de Extremadura planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de suelo y ordenación territorial de Extremadura, (redacción por Ley 9/2011 de 29 de marzo), y sobre la disposición adicional única de esta ley. Consideró que dichos preceptos podrían incurrir en inconstitucionalidad mediata o indirecta por ser contrarios a preceptos estatales dictados al amparo del art. 149.1.1, 13, 18 y 23 CE sosteniendo, además, que habían sido aprobados para eludir el cumplimiento de determinadas sentencias recaídas en el proceso de origen. En concreto, el art. 11 impugnado establece qué tipo de terrenos deberán adscribirse al suelo no urbanizable, entre los que incluye aquellos en los que concurran valores "de carácter ambiental, natural y paisajístico"; y es en la delimitación de la categoría de "suelo no urbanizable de protección ambiental, natural, paisajística, cultural o de entorno" donde se inserta el párrafo cuestionado, que dispone: "(…) La mera inclusión de unos terrenos en la red ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental (…)." Por su parte, la disposición adicional única, también impugnada, establece un sistema de "homologación" que busca coordinar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor a la nueva redacción de la Ley 15/2001 de Extremadura mediante un procedimiento que permita a las diferentes administraciones competentes homologar dichos instrumentos al nuevo párrafo. El TC se pronuncia en el sentido siguiente: a) La cuestión de inconstitucionalidad se refiere a una norma-art. 11.3.1 b), párrafo segundo, Ley 15/2001 de Extremadura-que ya ha sido declarada inconstitucional y nula por la STC 134/2019 de 13 noviembre; debe aplicarse por tanto el criterio de que, (conforme a reiterada doctrina del TC), la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma determina la extinción de la cuestión, por pérdida sobrevenida de objeto, al haber quedado disipada la duda planteada. b) Además, señala el TC, que ya por otras sentencias previas dictadas por dicho tribunal se había desestimado la impugnación de la disposición adicional única cuestionada. Por tanto, y con base de nuevo en su doctrina reiterada, procede desestimar esta otra impugnación. Y,en consecuencia, y en atención a lo expuesto, el TC declara en esta sentencia extinguida, por pérdida sobrevenida del objeto, la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el citado art. 11.3.1 b), párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre de Extremadura y desestima la cuestión en todo lo demás. (MMM).

STS 4196-2019 CUADRO FALSO.001 doc

Dies a quo para el cómputo del plazo de la acción de anulación. Acción de nulidad por error vicio... more Dies a quo para el cómputo del plazo de la acción de anulación. Acción de nulidad por error vicio del consentimiento en la compra de un cuadro adquirido en una subasta. Es en el momento de la compra cuando se consuma el contrato empezando a correr desde el mismo el plazo de la acción de anulación. El asunto recae en el ejercicio por un coleccionista de arte de una acción de nulidad por error vicio del consentimiento al comprar el cuadro "Gitana", (fechado en 1904 y firmado por el pintor Isidro Nonell), en una subasta realizada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Dicha subasta fue en 1999 y la acción se ejercita en 2015. El juzgado de instancia entendió que había transcurrido el plazo de ejercicio de la acción y desestimó la demanda. La AP de Madrid, (que admitió como hecho probado que el cuadro no fue pintado por Isidro Nonell, tratándose de una imitación efectuada por un autor desconocido), consideró, por el contrario, que la acción se ejerció dentro de plazo, porque, a su juicio, los cuatro años de la acción de anulación del art. 1301 CC deben computarse a partir del momento en que el comprador conoce la falta de autenticidad del cuadro, lo que en el caso sucedió en 2014, cuando decidió venderlo y la galería de arte a la que se dirigió le exigió un certificado de autenticidad y se comprobó que la obra contenía unos pigmentos que se descubrieron y comercializaron para las artes gráficas después del fallecimiento del autor al que se le había atribuido la autoría. La Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid recurre ante el TS denunciando infracción del art. 1301 CC. En su escrito de oposición al recurso, el demandante (ahora recurrido) plantea que lo que él ejercitó era una acción de error obstativo, pues quería comprar un "Nonell", (importante y cotizado pintor de finales del siglo XIX), y compró una falsificación, por lo que hubo falta absoluta de consentimiento, lo que daría lugar a la nulidad absoluta, que puede ser alegada en cualquier momento. Señala el TS que no existe tal error en la declaración, y que no cabe duda que la acción ejercitada fue la de anulación del contrato por error del consentimiento, sin que en la demanda originaria aparezca alusión alguna al error obstativo; y, recuerda el TS, que fue en su escrito de apelación donde el actor pretendió modificar su acción, lo que ya no era posible. Por lo tanto, para el TS, la cuestión jurídica que se plantea en el recurso de casación es, simplemente, la relativa al "dies a quo" a partir del cual empieza a correr el plazo de la acción de anulación, y señala lo siguiente: 1).-Que el contrato celebrado por las partes es de tracto único y de consumación instantánea. El 14-12-1999 el actor pujó por un cuadro y el 21 de diciembre de ese año pagó el precio y se le entregó el cuadro. Fue en ese momento cuando se consumó el contrato y empezó a correr el plazo de la acción de anulación. 2).-Que no cabe atender las alegaciones del recurrido de que ejercitó una acción de nulidad radical y que sostiene que no hubo consumación del contrato hasta que no descubrió que el cuadro era falso. Para el TS esa interpretación fuerza el concepto de consumación del contrato y vacía de contenido el régimen de los vicios del consentimiento, tratando, en realidad, el recurrido de cambiar la acción ejercitada. 3).-Que tal acción ejercitada fue la de anulación por error, sin que se acumularan eventualmente otras. 4).-Y que al no entenderlo así la sentencia de la AP debe ser casada la misma, estimándose el recurso y confirmando la sentencia de instancia. (MMM).

STS 600-2020 CREDITO REVOLVING

Determinación del interés usurario en tarjetas de crédito revolving. El interés de referencia a t... more Determinación del interés usurario en tarjetas de crédito revolving. El interés de referencia a tomar como interés normal del dinero en estos contratos es el tipo medio aplicado a los créditos del tipo tarjetas de crédito y revolving; además el juzgador, dada la indeterminación legal, debe actuar ponderadamente. Se interpuso una demanda contra un banco en la que se alegó que en un contrato de tarjeta de crédito se fijó un tipo de interés inicial para pagos aplazados y disposiciones a crédito del 26,82 % TAE, solicitando que se declarase la nulidad del contrato por ser usurario tal interés. El banco alegó que el interés no era usurario puesto que no era notablemente superior al tipo de interés habitual en el mercado de tales tarjetas. El Juzgado de 1ª instancia estimó la demanda e, interpuesto recurso, la AP de Santander lo desestimó. El banco recurrió en casación denunciando infracción del art. 1 de la Ley de Usura. Entrando en el asunto, señala el TS: 1).-Que para determinar la referencia "interés normal del dinero" y poder valorar si el interés cuestionado es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés en el momento de celebración del contrato correspondiente a la categoría de la operación crediticia cuestionada; y si existen categorías más específicas, (como sucede en este caso), deberá utilizarse tal categoría más específica. 2).-Que, para el TS, en este caso, la referencia "interés normal del dinero" es el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y "revolving", publicado oficialmente por el Banco de España. 3).-Que, por tanto, la TAE del 26,82% del crédito "revolving" cuestionado ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y "revolving" del Banco de España que está fijado estadísticamente en un poco por encima al 20%. 4).-Que el art. 1 de la Ley de Usura de 1908 emplea términos indeterminados como son los de interés "notablemente superior al normal del dinero" y "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso"; de tal forma que esta indeterminación obliga al juzgador a realizar una labor de ponderación. 5).-Que ese índice, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado y que cuanto más elevado es el índice de referencia menos margen hay para incrementar el precio del crédito sin incurrir en usura. 6).-Que, por tanto, una diferencia como la de este caso ha de considerarse "notablemente superior" al tipo referencial. 7).-Que han de tomarse en cuenta otros aspectos de estas operaciones como: a) que van destinadas a personas que no pueden acceder a otros créditos menos gravosos; b) las propias peculiaridades de estos créditos en que su límite se va recomponiendo constantemente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el deudor sigue pagando las cuotas hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un "deudor cautivo". 8).-Que ya la STS 628/2015, de 25-nov, indicó que no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos de este tipo de operaciones. 9).-Que de todo lo indicado resulta que una elevación respecto del tipo de interés medio ("interés normal del dinero"), de las proporciones concurrentes en este caso determina el carácter usurario de la operación y por lo tanto el TS procede a desestimar el recurso. (MMM)

Validez de la cláusula suelo en préstamo con no consumidor

SIC NOTARIADO-CLAUSULAS ABUSIVAS, 2021

Según el TS español, en la contratación con condiciones generales, si el adherente no tiene la co... more

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. • Fuente/Organo:Tribunal Constitucional • Autor/Ponente:ALFREDO MONTOYA MELGAR

SIC-NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

El TC de España estima que la resolución impugnada impide el control judicial de una diligencia d... more

Recurso contra la Ley 9/2017 de contratos del sector público

Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2017 de contratos del sector público, 2021

El TC estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por la C.A. de Aragón y de... more

Acción de saneamiento por evicción tras una reivindicatoria desestimada

SIC-JURISPRUDENCIA- PRÁCTICA NOTARIAL , 2021

Se admite la acción de saneamiento por evicción si el comprador fue privado del objeto de la vent... more

Desistimiento de consumidor en contrato de corretaje inmobiliario

SIC-NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

Para que exista derecho de desistimiento, (aunque el contrato se haya ejecutado), es preciso que ... more

Derecho de separación por falta de distribución de dividendos

SIC-PRACTICA NOTARIAL, 2021

El art. 348 bis LSC no prevé situaciones de agrupación de anualidades; concepto de "ejercicio ant... more

-2021 PRESTAMO PARA PRODUCTO FINANCIERO

SIC-NOTARIADO-PRACTICA NOTARIAL, 2021

Operaciones contractuales vinculadas con oferta conjunta. No se puede deslindar la operación de p... more

STS 499-0221 ARRENDAMIENTO VPP

SIC-PRÁCTICA NOTARIAL-JURISPRUDENCIA

Declarada la nulidad de la compraventa entre el IVIMA y Encasa Cibeles SLU existe falta sobreveni... more

STS 120 2021 NACIONALIDAD SAHARA

SIC NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

No son españoles de origen los nacidos en el Sahara antes descolonización. • Fuente/Organo:Tribun... more No son españoles de origen los nacidos en el Sahara antes descolonización. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG Adquisición de la nacionalidad española por causa que no fue objeto de debate en el proceso y que no conformaba la causa petendi de la demanda. Falta de Congruencia. El deber de congruencia opera como límite de la potestad jurisdiccional. • Notas generales/Resumen:Se solicitó ante el RC de San Sebastián por un nacido en 1972, en el Sahara Occidental español el reconocimiento de la nacionalidad española de origen con base en el art. 17.1 c) CC. Por auto del citado RC se denegó tal nacionalidad. Recurrido el auto ante la DGRN por resolución de 17-07-2014 desestimó el recurso. En 2017 el actor presentó demanda contra dicha resolución ante el Juzgado de 1ª Instancia n.º 7 de San Sebastián que fue desestimada, al entender tal Juzgado que el Sahara no podía ser reputado como territorio nacional para considerar que el actor había nacido en España. Interpuesto recurso de apelación ante la AP de Gipuzkoa, la misma, (sentencia 107/2018 de 9 marzo), revocó la de la instancia y concedió la nacionalidad española al demandante, pero, ahora, al amparo del art. 22.2 a) y 3 CC (concesión de nacionalidad por residencia) y no por origen. La AP consideró que no concurría el supuesto del art. 17 del CC, (puesto que el Sahara, si bien era territorio español, no era territorio nacional), pero entendió que procedía declarar la nacionalidad del recurrente con base en el art. 22 del CC, y sin que ello supusiese incurrir en incongruencia por respetarse la "causa petendi" y corresponder al Tribunal la aplicación del Derecho. Contra dicha sentencia se interpuso por la Abogacía del Estado, (representando a la DGRN), recurso extraordinario por infracción procesal y casación ante el TS, el cual, entrando en los motivos de infracción procesal, señala lo siguiente: a) De un lado, estima el recurso formulado por infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, ya que a la AP de Gipuzkoa no le competía la concesión directa de la nacionalidad por causa de residencia, ni tampoco actuaba fiscalizando una decisión administrativa previa denegatoria de aquélla, lo que corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. b). De otra parte, estima también el motivo interpuesto por infracción de las normas procesales que exigen la congruencia

STS 94-2021 IRPH

SIC-PRACTICA NOTARIAL-JURISPRUDENCIA, 2021

Validez del tipo de referencia IRPH entidades. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:I... more Validez del tipo de referencia IRPH entidades. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:IGNACIO SANCHO GARGALLO La publicación del IRPH en el BOE permite al consumidor comprender cómo se calcula el mismo lo que salva las exigencias de transparencia. El ofrecimiento por la entidad prestamista de un índice oficial no puede vulnerar por sí mismo la buena fe. • Notas generales/Resumen:Recuerda el TS que esta cuestión ha sido resuelta por diversas sentencias anteriores que han aplicado la doctrina del TJUE. Según esta jurisprudencia la validez del índice IRPH-Entidades resulta de: a). Publicación del IRPH en el BOE: para el TS un primer elemento de transparencia resulta de la publicación del IRPH en el BOE, que permite al consumidor medio comprender cómo se calcula dicho índice. b) Sobre la falta de información de la evolución del índice: la falta de información directa no implica nulidad, sino que afecta al juicio de abusividad. Para el TS, (como ocurre en el caso enjuiciado), el que el Banco no ofreciese información sobre la evolución del IRPH en los dos años anteriores, puede afectar a la falta de transparencia de la cláusula, pero no implica necesariamente su nulidad, sino que afecta a la posibilidad de realizar el juicio de abusividad. c) Sobre no vulneración "prima facie" de la buena fe: el Alto Tribunal considera de modo reiterado, (para realizar el juicio de abusividad), que el ofrecimiento por el Banco de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe. Además, el Gobierno central y varios Gobiernos autonómicos han venido considerando, que el índice IRPH era el más adecuado para utilizarlo como índice de referencia en el ámbito de la financiación de VPO por lo que resulta ilógico considerar como actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese mismo índice a préstamos concertados fuera de la financiación oficial. d) Sobre cálculo del desequilibrio: indica el TS que para apreciar que hay desequilibrio no basta con comparar el IRPH con otro índice de referencia, (Euribor), porque para el cálculo del IRPH se toman en consideración no solo los préstamos con Euribor, sino también los préstamos referenciados a otros tipos variables y los préstamos a interés fijo, así como los diferenciales; el tipo nominal resultante de la aplicación del índice más el margen o diferencial

STS 84-2021 CLAUSULA SUELO EN SUBROGACION

SIC-NOTARIADO PRÁCTICA NOTARIAL

Nulidad de cláusula suelo en subrogación (reitera jurisprudencia). • Fuente/Organo:Tribunal Supre... more Nulidad de cláusula suelo en subrogación (reitera jurisprudencia). • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS El hecho de que el consumidor se subrogue en un préstamo concedido al promotor no exime al Banco, que consiente la subrogación, de suministrar a dicho consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento. • Notas generales/Resumen:El demandante planteó acción de nulidad de cláusula suelo en una escritura de compra de vivienda con subrogación en un préstamo hipotecario concedido al promotor. La sentencia de 1ª instancia estimó la demanda; por el contrario, la sentencia de 2ª instancia admitió el recurso interpuesto por la entidad bancaria señalando que la cláusula suelo contenida en la hipoteca subrogada cumplía las exigencias legales para su incorporación al contrato y, además, superaba el control de transparencia, ya que la parte subrogada afirmó conocer la escritura que la contenía y la cláusula suelo estaba redactada de forma clara en el extracto que se hizo en la escritura de subrogación. Interpuesto recurso de casación el TS cita su sentencia 338/2020, de 22 de junio, en la que declaró: (…) "Por razón de esta estrecha relación entre los préstamos hipotecarios a promotor y las ventas de las viviendas gravadas a comprador-consumidor con simultánea subrogación hipotecaria, hemos declarado que el hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que éste se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria, que presta su consentimiento a dicha subrogación, de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. "[...] En el presente caso, la sentencia recurrida no ha tenido en cuenta estas consideraciones, pues no ha dado trascendencia a que no se hubiera proporcionado al demandante, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a la "cláusula suelo", de modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas o alternativas. "[...] La Audiencia Provincial parte de que quien estaba obligado a informar al comprador de la vivienda sobre la existencia de una cláusula suelo en el préstamo hipotecario en que se subrogaba, era exclusivamente el vendedor y no el prestamista. Esta tesis se

STS 4388-2020 RENUNCIA ACCIONES

SIC-NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

De nuevo sobre doctrina del TS en cláusula suelo y renuncia de acciones. • Fuente/Organo:Tribunal... more De nuevo sobre doctrina del TS en cláusula suelo y renuncia de acciones. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG El TS reitera su doctrina sobre la transparencia de la cláusula suelo, (incluso la introducida en una novación posterior), y sobre la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, la cual no puede abarcar cuestiones ajenas a la controversia. • Notas generales/Resumen:La parte deudora concertó un contrato de compraventa y subrogación en un préstamo hipotecario que, tras una primera novación, tenía una cláusula suelo del 4,5% nominal anual. Mas tarde, la parte deudora y la entidad financiera suscribieron en documento privado otro contrato en el cual: 1) Fijaron como nuevo suelo el 2,750%, acompañando al contrato dos documentos conteniendo, el primero, la transcripción a mano de los prestatarios y su firma del siguiente texto: "Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 2,75% nominal anual"; y, el segundo, sendos gráficos con la evolución del Euribor a un año publicada en el BOE, desde 1999 hasta 2015, y con la evolución del IRPH Cajas Mensual desde 1995. 2) Además, en el mismo documento privado, su estipulación 3ª contenía el siguiente texto: "Las partes ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas sus condiciones y, en consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen". Con posterioridad la parte deudora presentó demanda, solicitando la nulidad de la cláusula "suelo" y la del contrato de novación antes citado. El juzgado de 1ª instancia consideró nula la cláusula suelo por no cumplir los requisitos de transparencia, así como la del contrato de novación posterior. La AP de Zaragoza confirmó dicha sentencia. Interpuesto por la entidad financiera recurso de casación el TS señala, en cuanto a los dos aspectos discutidos, lo siguiente: a). Respecto de la transparencia de la cláusula de novación del "suelo": Que tal cláusula no se negoció individualmente y que, por tanto, y reiterando su doctrina, debe ser objeto de un control de trasparencia, (ya que según la STJUE de 9-07-2020 las pautas de interpretación de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario deben aplicarse también a la cláusula de un posterior

STS 4241-2020 C SUELO Y RENUNCIA DE ACCIONES

SIC NOTARIADO-JURISPRUDENCIA, 2021

La renuncia es clara y comprensible al permitir entender el objeto de la misma y sus consecuencia... more

STS 3132 2020 HIPOTECA MULTIDIVISA

SIC-NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

Doctrina del TS sobre préstamo hipotecario en divisas. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/P... more Doctrina del TS sobre préstamo hipotecario en divisas. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:JUAN MARIA DIAZ FRAILE El préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la LMV. Casos en que no es transparente la cláusula "multidivisa". Reitera jurisprudencia. • Notas generales/Resumen:La STS que comentamos versa sobre un préstamo hipotecario en la modalidad llamada "multidivisa" y permite al TS, (siguiendo al TSJUE) concretar su doctrina en los siguientes extremos: 1.-El préstamo hipotecario en divisas no es un instrumento financiero regulado por la LMV. Recuerda el TS que ya la STJUE 3-12-2015, (caso Banif Plus Bank), declaró que no constituyen una actividad de inversión, (a efectos de la Directiva MiFID), las hipotecas multidivisas, criterio asumido por el propio TS desde su sentencia 608/2017 de 15 nov. Por tanto, es doctrina consolidada que una hipoteca multidivisa no infringe, (como argumentaban los recurrentes), la LMV por no ser esta norma aplicable al caso. 2.-Sobre la falta de transparencia de la cláusula multidivisa. La parte recurrente invocó la infracción legal que se habría cometido, según argumentó, en la aplicación de los preceptos que regulan la transparencia de las cláusulas no negociadas, (art. 80.1 TRLGCU y 7 y 8 LCGC). Entrando en este punto, recuerda el TS que desde la STJUE de 20-09-2017, (caso Andriciuc), tiene declarado el TJUE que en el préstamo en divisas: a) El prestatario deberá, estar informado de que se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será difícil de asumir en caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos; b) Y que la entidad financiera deberá exponer las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de este tipo de préstamo. En correlato de ello, el TS ha indicado que es la equivalencia en euros del capital pendiente de amortizar y de las cuotas de reembolso, lo relevante para valorar la carga económica del consumidor, (cuya moneda funcional es el euro), puesto que el capital obtenido en el préstamo lo va a destinar a pagar una deuda en euros y porque los ingresos con los que debe hacer frente al pago de las cuotas de amortización o del capital pendiente de amortizar en caso de vencimiento anticipado, los obtiene en euros. Por tanto, señala nuestro TS, es esencial que la entidad bancaria informe al cliente sobre la carga económica que en caso de

STS 3549-2020 C SUELO Y RENUNCIA DE DERECHOS

SIC-NOTARIADO JURISPRUDENCIA, 2021

Doctrina del TS sobre novación de cláusula suelo y renuncia de acciones. • Fuente/Organo:Tribunal... more Doctrina del TS sobre novación de cláusula suelo y renuncia de acciones. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:IGNACIO SANCHO GARGALLO Novación de cláusula suelo: válida si cumple con la transparencia. Cláusula de renuncia al ejercicio de acciones: válida si no se refiere a controversias futuras y ha sido individualmente negociada o cumple con la transparencia. • Notas generales/Resumen:Esta sentencia reitera la doctrina del TS en los siguientes puntos: 1.-Validez de la novación de una cláusula suelo: Es posible modificar o novar una cláusula suelo del contrato originario siempre que: a) La modificación haya sido negociada; b) A falta de negociación, si se ha empleado una cláusula contractual predispuesta por el empresario y la misma cumple con las exigencias de transparencia. Por lo tanto, en estos casos, si se cumplen dichos requisitos, se tendrá por válida la nueva cláusula aunque pudiera declararse la nulidad de la cláusula originaria. Es criterio jurisprudencial que las pautas interpretativas relativas a la introducción de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario deben aplicarse también a la cláusula de un posterior acuerdo contractual no negociado individualmente que modifica la inicial cláusula suelo. 2.-Cláusula de renuncia al ejercicio de acciones dentro de un acuerdo transaccional. En cuanto a la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones dentro de un acuerdo transaccional, el TS cita la STJUE de 9-07-2020 que admite su validez siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente negociada y libremente aceptada. Y en caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia debe cumplir con las exigencias de transparencia representadas en que el consumidor disponga de la información pertinente para comprender las consecuencias que para él se deriven de la misma. Y en el caso concreto que aborda el TS en esta sentencia la renuncia de acciones efectuada por los prestatarios en la novación fue más allá de la controversia suscitada en torno a la cláusula suelo, ya que se refería genéricamente a "cualquier acción que traiga causa de su formalización y clausulado así como por las liquidaciones y pago realizados hasta la fecha". Ante ello, señala el TS, como dicha cláusula de renuncia abarca cuestiones ajenas a

STS 2498 2020 TERCEROS INTERVINIENTES NO DEMANDADOS

SIC-NOTARIADO. JURISPRUDENCIA, 2020

Interpretación no restrictiva del acceso a los recursos. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor... more Interpretación no restrictiva del acceso a los recursos. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG Las imputaciones realizadas con respecto a terceros intervinientes no demandados que podrían afectarles cara a un ulterior proceso, determinan que no cabe privarles de la posibilidad de impugnar. • Notas generales/Resumen:Una comunidad de propietarios interpuso demanda contra la entidad promotora reclamando el abono de una indemnización correspondiente al coste de reparar y subsanar las deficiencias de las instalaciones de climatización; y a instancia de la demandada se acordó la intervención provocada de la entidad proyectista del sistema de climatización y de uno de sus ingenieros. La sentencia de instancia estimó plenamente la demanda declarando en cuanto a los terceros intervinientes no demandados que debían estar a los pronunciamientos de dicha resolución, sin condenarles en costas, si bien recogió su responsabilidad en el fundamento jurídico cuarto. La promotora apeló ante la AP de Barcelona, y los terceros intervinientes se opusieron e impugnaron la sentencia, únicamente en su indicado fundamento jurídico cuarto. Estando los autos pendientes de votación, se presentó acuerdo transaccional suscrito entre la Comunidad actora y la entidad demandada. Los terceros intervinientes afirmaron que la interposición del recurso de apelación les obligó a oponerse e impugnar la sentencia recurrida, añadiendo que al no intervenir en la transacción no les vinculaba la misma, y señalando que a la promotora apelante se le debía condenar en las costas causadas a los terceros. Con posterioridad, se homologó por auto judicial el acuerdo transaccional, y, respecto al escrito de impugnación de los terceros intervinientes, la AP desestimó el mismo al señalar que implicaba un recurso de apelación extemporáneo. Ante ello los terceros recurren por infracción procesal al TS que admite su recurso con base en lo siguiente: 1).-Que estamos en este caso ante una aplicación de la DA 7.ª LOE, sin que los terceros impugnantes se hayan constituido formalmente en parte demandada. 2).-Que el concepto de perjuicio para impugnar la sentencia adquiere en este supuesto unas connotaciones específicas ya que, conforme a la jurisprudencia del TS, los referidos terceros quedarán vinculados por las declaraciones que se hagan en la sentencia de apelación a propósito de su actuación en el proceso constructivo, en el sentido de que en un juicio posterior no podrán alegar que resultan ajenos a lo ejecutado.

STS 3128 2020 CLAUSULA MULTIDIVISA

HOPOTECA MULTIDIVISA, 2020

Nulidad de cláusula multidivisa: reitera jurisprudencia • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/... more Nulidad de cláusula multidivisa: reitera jurisprudencia • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:IGNACIO SANCHO GARGALLO No se acreditó la información previa de los riesgos derivados de la depreciación de la divisa escogida; es un producto complejo por la dificultad de representarse el consumidor medio sus riesgos sin la información adecuada. • Notas generales/Resumen:Los demandantes, que habían concertado un préstamo hipotecario en francos suizos con opción de cambiar de divisa trimestralmente, demandaron al Banco prestamista pidiendo, en lo que ahora interesa, la nulidad parcial del contrato en todo lo referido a la opción multidivisa. La 1ª instancia desestimó la demanda, al no apreciar error vicio del consentimiento; y en apelación, la AP de Madrid estimó que no hubo vulneración de las exigencias de transparencia. Interpuesto recurso de casación, el TS hace expresa referencia a la vulneración de su jurisprudencia (así STS 608/2017 de 15-Nov), que respecto de las cláusulas multidivisa las considera parte del objeto esencial del contrato y sobre las que tiene declarado que existe un especial deber de transparencia, y estima el motivo con base en lo siguiente: a) Doctrina del TJUE; así la STJUE de 20-09-2017, (caso Andriciuc), en la que el TJUE determina que el prestatario debe estar claramente informado de que, en un contrato de este tipo, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será difícil de asumir en caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos en relación con la divisa extranjera en la que se le concedió el préstamo. b) Sentencias reiteradas del TS donde se ha explicado que los riesgos de este tipo de préstamo superan a los de los préstamos hipotecarios a interés variable y, en consecuencia, que la información exigible a las entidades que ofertan este producto debe tener en consideración que al riesgo de variación del tipo de interés se añade el riesgo de fluctuación de la moneda, y que el tipo de cambio de la divisa elegida se aplica, además de para el importe en euros de las cuotas periódicas, para fijar el importe en euros del capital pendiente de amortización, de modo que la fluctuación de la divisa supone un recálculo constante del capital prestado. c) Que la sentencia recurrida contradice la indicada doctrina de

STC 86 2020 LLAMADA AL PROCESO DE EJECUCION HIPOTECARIA

SIC NOTARIADO ESPAÑOL PRACTICA NOTARIAL, 2020

Llamada al proceso de ejecución hipotecaria y tutela judicial efectiva. • Fuente/Organo:Tribunal ... more Llamada al proceso de ejecución hipotecaria y tutela judicial efectiva. • Fuente/Organo:Tribunal Constitucional • Autor/Ponente:ENCARNACION ROCA TRIAS Prevalece la notificación personal; subsidiariedad de la comunicación edictal: deben agotarse todas las posibilidades de averiguar el domicilio real antes de acudir a los edictos. • Notas generales/Resumen:El TC, en este caso, dictamina sobre si una providencia dictada por un Juzgado de 1ª Instancia, por la que se inadmitió un incidente de nulidad de actuaciones planteado por la mercantil recurrente en un procedimiento de ejecución hipotecaria, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, (art. 24.1 CE), por haberse seguido el proceso de ejecución sin haberse emplazado personalmente a la ejecutada, ya que el juzgado acudió al emplazamiento por edictos sin haber agotado los mecanismos previstos en el art. 686.3 LEC para intentar su localización personal, (tal y como así exige la jurisprudencia constitucional). En este supuesto el juzgado se limitó a entender suficiente, (a los efectos de notificación), los dos intentos realizados en la dirección de la sociedad fijada en la escritura de constitución de la hipoteca, tras la infructuosa, a su juicio, consulta de las bases de datos asociadas al "punto neutro judicial" (AEAT, Catastro, DGT y TGSS), cuando, en realidad, tenía la demandada un domicilio distinto del social al que podía haberse dirigido la notificación, habiendo sido esta circunstancia puesta de manifiesto por la misma sociedad recurrente en su escrito del incidente de nulidad. Recuerda el TC que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que el órgano jurisdiccional agote las posibilidades de averiguación del domicilio real, antes de acudir a la comunicación edictal. En concreto, es jurisprudencia consolidada que cuando del examen de los autos o de la documentación aportada se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos. Es decir, para el TC, procede realizar una interpretación "secundum constitutionem" del art. 686.3 LEC, integrando su contenido con el art. 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso de ejecución hipotecaria, y con la citada doctrina del TC en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, teniendo dicha interpretación su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal

STS 2495 2020 GASTOS EN PRESTAMO HIPOTECARIO

SIC-JURISPRUDENCIA, 2020

Gastos en préstamo hipotecario anterior a LCCI. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:... more Gastos en préstamo hipotecario anterior a LCCI. • Fuente/Organo:Tribunal Supremo • Autor/Ponente:JUAN MARIA DIAZ FRAILE Reitera jurisprudencia: los aranceles de Notario, por mitad; gastos de registro, el Banco; pago del impuesto de AJD, la parte prestataria • Notas generales/Resumen:El 18 de octubre de 1998 un Banco concedió un préstamo hipotecario en el que se incluyó una cláusula sobre imputación de gastos y tributos que disponía que eran de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la formalización del contrato. En 2016, el prestatario solicitó en sede judicial la nulidad de dicha cláusula y la restitución de las cantidades indebidamente abonadas. En 1ª instancia se declaró tal nulidad y se condenó a la entidad demandada, a restituir a la parte actora la cantidad correspondiente a los aranceles de Notario y registrador, más el interés legal correspondiente. Presentado recurso por el demandante ante la AP de Vizcaya, esta estimó la apelación y revocó la sentencia de 1ª instancia en el sentido de estimar que procedía la devolución de la cantidad íntegra reclamada en la demanda incluidos la totalidad de los aranceles notariales y registrales y el impuesto de AJD. El Banco interpuso recurso de casación; y, entrando en el asunto, recuerda el TS que la cuestión ha sido ya resuelta en varias ocasiones, generando una abundante jurisprudencia. Así, cita la STS 48/2019, de 23 de enero, en la que se declaró abusiva una cláusula equivalente indicando que la introducción de tal estipulación implicaba un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, lo que determinaba el carácter abusivo. También recuerda el TS que su doctrina ha sido confirmada por la STJUE de 16-08-2020 que señala que la declaración judicial del carácter abusivo de esta cláusula debe tener como consecuencia, el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la misma y además fija la siguiente doctrina: el hecho de que deba entenderse que una cláusula declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las normas del

STC 77 2020 NOTIFICACION ELECTRONICA EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

SIC NOTARIADO PRACTICA NOTARIAL, 2020

Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios (2). • Fuente/Organo:Tribunal Constituci... more Primer emplazamiento en procesos ejecutivos hipotecarios (2). • Fuente/Organo:Tribunal Constitucional • Autor/Ponente:CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON Vulneración de la tutela judicial efectiva como consecuencia de no haberse efectuado el emplazamiento inicial en un proceso de ejecución de manera personal y con entrega en papel de la documentación correspondiente. Reitera jurisprudencia. • Notas generales/Resumen:Una SL presentó recurso de amparo impugnando el auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Lorca, de 21-09-2018 que en un procedimiento de ejecución hipotecaria, inadmitió, por extemporánea, la demanda de oposición a la ejecución formulada por dicha sociedad. El juzgado entendió que el plazo que la demandada tenía para oponerse a la ejecución debía computarse desde la fecha (11-05-2018) en la que recibió en su "dirección electrónica habilitada" una comunicación del "servicio de notificaciones electrónicas" de la FNMT avisándole de que hasta el 26-06-2018 tendría disponible una notificación del dicho juzgado relacionada con el procedimiento ejecutivo en cuestión, a la que, (para que constase como leída), debía acceder a través de un enlace adjunto. El caso es que la mercantil accedió a tal enlace el último día del plazo indicado, y, luego, presentó su escrito de oposición dentro del plazo de 10 días hábiles previsto legalmente; y dicho escrito, como hemos indicado, se inadmitió en la instancia por extemporáneo. Es por ello que la SL alega la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, (art. 24.1 CE), como consecuencia de no haberse efectuado aquel emplazamiento inicial de manera personal y con entrega en papel de la documentación correspondiente. Entrando en el asunto, el TC cita la doctrina establecida por sus sentencias 6/2019, 47/2019 y 40/2020, (esta última comentada en esta sección); en las mismas dicho Tribunal ha concluido que no procede efectuar por medios electrónicos el emplazamiento del demandado aún no personado en el procedimiento, dado que esos actos de citación o emplazamiento deben realizarse por remisión a su domicilio, sin que dicha forma de comunicación pueda ser sustituida por otra electrónica. Recuerda el TC que tal emplazamiento personal resulta del art. 155.1 LEC y del art. 273.4 LEC sobre la presentación en papel de las copias de los escritos y documentos que sustenten la acción; por ello tiene decretado que el incumplimiento de este deber del órgano judicial, "acarrea por tanto la conculcación de aquel

Sentencias Tema 1 Master (derecho de sucesiones)

SENTENCIAS SOBRE DERECHO DE SUCESIONES, 2024

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"TRIBULACIONES DE PERSONAS NORMALES" PRIMERA PARTE : LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA

EJERCICIO PARA EL TFG GRADO DE DERECHO-UNAV, 2021

Tomada la decisión de constituir una sociedad limitada los futuros socios se reunieron en el desp... more Tomada la decisión de constituir una sociedad limitada los futuros socios se reunieron en el despacho del abogado don Triboniano, reputado mercantilista, que habían contratado para que les asesorase en la constitución de dicha sociedad y procedieron a consultarle acerca de diversos extremos y dudas relacionados con tal asunto. Hay que indicar que los futuros socios convinieron denominar a la empresa "Nueva Época Digital S.L." y que todos ellos suscribirían el mismo número de participaciones sociales, en concreto cada socio cien mil participaciones de un euro de valor nominal cada una de ellas. A continuación, fueron tomando la palabra sucesivamente para indicar en que quería que consistiese su aportación respectiva y determinadas pretensiones que querían que se cumplieran, a fin de que el señor abogado tomara tota y les informara sobre su efectividad y posibilidad jurídica, o les facilitase soluciones alternativas, en su caso, o les avisase sobre su impracticabilidad. Quien primero tomó la palabra fue don Adán Antúnez Antúnez quien solicitó aportar a la nueva sociedad sus conocimientos técnicos relativos a las actividades inmobiliarias y de concesión de préstamos y de compraventa de valores, indicando que tenía una amplia experiencia en dichas actividades ya que antes había trabajado en un conocido banco, en concreto en tareas de asesoramiento de la llamada "banca personal", y señalaba que la nueva entidad a constituir se iba a beneficiar de su experto conocimiento, estimando el valor de dicha aportación en cien mil euros. Los demás presentes, sorprendidos, preguntaron al abogado si dicha aportación era posible. Don Adán era de vecindad civil navarra y estaba casado bajo régimen matrimonial legal de conquistas con doña Clodia Catulo Cesarea; y, por su parte, quería saber si las participaciones que suscribiría lo serían con carácter conquistado o privativo dado que lo que aportaba era el resultado, señaló, de su esfuerzo y una formación individual. Otro de los asistentes a la reunión, y futuro socio, fue don Don Braulio Bruto Bronco que se comprometió a realizar su aportación mediante la entrega de dos cuadros que, según dijo, (sin acreditarlo documentalmente), le pertenecían por herencia familiar y que estaban catalogados como pertenecientes a un discípulo anónimo de Johannes Vermeer; además, según afirmaba, sin aportar ninguna tasación, estaban valorados cada uno en 50.000 euros; dichos cuadros los tenía cedidos en precario a un museo de Madrid donde se exponían. Dicho señor señaló su deseo de que, (siempre que fuera jurídicamente posible), las participaciones que le correspondían por dicha aportación de los cuadros fueran puestas a nombre de su hijo, don Lázaro Bruto Zubiri de tan solo diez

STS 1225-2020 Nacimento de deuda

Nacimiento de obligación de indemnizar daños y perjuicios por siniestro. Las obligaciones de inde... more Nacimiento de obligación de indemnizar daños y perjuicios por siniestro. Las obligaciones de indemnización de daños y perjuicios nacen con el siniestro. La sentencia que fija el "quantum" es declarativa, no constitutiva; es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización.
Un trabajador de una SL tuvo un accidente laboral el día 25 de octubre de 2006. En 2009 interpuso una demanda contra tal SL ante los juzgados de lo social que condenaron a dicha mercantil a pagar al trabajador una determinada, (y cuantiosa), indemnización, pero la misma no se pudo cobrar en fase de ejecución por estar todos los activos sociales gravados con una carga preferente. Ante ello el trabajador presentó una demanda ante los juzgados de lo mercantil de responsabilidad del administrador de la SL, en la que pedía su condena al pago de una suma equivalente a la indemnización concedida. Dicha reclamación se fundaba en el art. 367 LSC, (incumplimiento del deber de instar la disolución social), y en la acción individual del art. 241 LSC. El juzgado mercantil estimó la acción de responsabilidad ex art. 367 LSC, al entender que la SL estaba incursa en causa legal de disolución desde el año 2008, sin que su administrador hubiera instado su disolución y que el crédito del trabajador por la indemnización de los daños sufridos con el accidente laboral había nacido con la sentencia que la reconoció, (de fecha 13-7-2011), que tenía naturaleza constitutiva. De este modo concluyó que la deuda social era posterior a la aparición de la causa de disolución, y, por ello, condenó al administrador a su pago, desestimando, por otro lado, la acción individual de responsabilidad. Interpuesto recurso de apelación por el administrador la AP lo estima porque entiende que la deuda de indemnización de daños y perjuicios sufridos por el trabajador es anterior a la aparición de la causa de disolución, pues no nace con la sentencia que la reconoce, sino con la producción de los daños. Interpuesto recurso ante el TS, el mismo señala que la cuestión radica en analizar cuándo surgió la deuda social; y recuerda que, según su jurisprudencia, las obligaciones de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por un siniestro, (en este caso un accidente laboral), nacen con tal siniestro, sin perjuicio de que el nacimiento de la acción para su reclamación pueda demorarse a un momento posterior en el que pueda conocerse ya el alcance del perjuicio sufrido. Para ello cita las siguientes sentencias: 1.-La STS 116/2015, de 3 de marzo, que indicó que el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y que la sentencia que fija el "quantum" tiene naturaleza declarativa y no constitutiva; es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización. 2.-Y la STS 736/2016, de 21 de diciembre que, (unificando criterios), reiteró que la fecha relevante era la del accidente y no la de la declaración de incapacidad siendo la fecha del accidente la que sirve para fijar el régimen legal aplicable a todos los efectos. A la vista de tal doctrina, concluye el TS, que la sentencia que declara la obligación de indemnizar y condena a su pago no tiene carácter constitutivo, sino declarativo, aunque sea una declaración de condena; por ello no puede concluirse, (como pretendía el trabajador recurrente), que la obligación de indemnizar haya nacido con la sentencia, sino que surgió cuando se causó el daño; y dado que la sentencia recurrida aplicó correctamente este criterio el TS, confirmándola, desestima el recurso. (MMM).

EL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL EN EL DERECHO CIVIL VASCO: LA COMUNICACIÓN FORAL DE BIENES

EL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL EN EL DERECHO CIVIL VASCO: LA COMUNICACIÓN FORAL DE BIENES, 2022

Resumen de la sesión sobre REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL EN EL DERECHO CIVIL VASCO pronunciada en... more